El 27 de marzo de 2023 ocurrió una tragedia que debería haber sacudido las estructuras del poder en México: un incendio dentro de una estación migratoria en Ciudad Juárez mató a 40 personas migrantes y dejó heridas a 27 más.
Estaban bajo custodia del Estado mexicano, encerradas, sin poder escapar. Las cámaras de seguridad mostraron a los agentes migratorios observando sin hacer nada mientras el fuego las consumía. Nadie abrió las puertas. Nadie las ayudó. Y un año después, nadie ha pagado por ello.
Lejos de rendir cuentas, el gobierno federal optó por el encubrimiento y el silencio.
Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), dejó oficialmente su puesto el 29 de abril de 2025. Su gestión, que había comenzado en 2019, estuvo marcada por tensiones institucionales, operativos migratorios masivos y la tragedia del incendio en Ciudad Juárez.
A pesar de estar vinculado a proceso, Garduño se fue sin consecuencias reales. Su salida, más que un acto de justicia, fue el cierre de un ciclo de impunidad.
López Obrador restó importancia a lo sucedido, siguió apoyando a Garduño y nunca ofreció una disculpa genuina a las familias de las víctimas.
En lugar de hacer justicia, lo que vimos fue pura simulación. En enero de 2025, un juez federal frenó el proceso contra Garduño, y en lugar de ir a prisión, solo le ordenaron que ofreciera una disculpa pública y tomara unos talleres de derechos humanos.
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Pero, ¿cómo puede eso compensar que 40 personas murieran encerradas en una celda?
Claudia Sheinbaum nombró a un nuevo director del INM, Sergio Salomón. Pero para muchas organizaciones de derechos humanos, este cambio llegó demasiado tarde y no soluciona lo que está mal de fondo: el sistema migratorio en México está roto y funciona con total impunidad.
Entre 2019 y 2023, hubo más de 5 mil quejas contra el INM y al menos 14 incendios en estaciones migratorias. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada. Ni cambió cómo detienen a la gente ni mejoró la seguridad.
Un año después, no hay ni una sola sentencia firme por lo ocurrido. Las familias siguen esperando una compensación, apoyo psicológico y garantías de que esto no se repetirá.
Las autoridades que deberían haber actuado, como la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se han quedado de brazos cruzados.
Para el oficialismo, la vida de los migrantes no vale nada. La tragedia en Ciudad Juárez fue el resultado directo de una política inhumana y de un sistema institucional que carece de escrúpulos y supervisión.
La salida de Garduño no es justicia. Es solo una muestra de cómo en México los poderosos pueden hacer lo que quieran sin pagar por ello. Si de verdad queremos evitar que algo así vuelva a suceder, no basta con cambiar nombres. Hay que desmantelar un sistema que mata, encubre y se lava las manos. Al tiempo…