La Cámara de Senadores aprobó la creación de un nuevo sistema digital que promete eliminar la burocracia en los trámites gubernamentales. A simple vista, podría parecer un paso moderno y necesario hacia la digitalización, expedientes electrónicos, una única cuenta (Llave MX) para todos los trámites, y una CURP biométrica que servirá como documento de identificación oficial.
Pero detrás de esta promesa de eficiencia se esconde el peligroso acaparamiento de datos personales por parte de un gobierno sin contrapesos.
Actualmente, es normal que una cédula de identidad utilice datos biométricos. Esa parte no debería preocuparnos, ya que es un estándar global que busca evitar suplantaciones de identidad. El problema en México es quién controla esos datos, cómo los maneja y bajo qué límites opera.
La nueva Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos otorga a una sola instancia federal —la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones— el poder absoluto sobre los datos de todos los ciudadanos, lo que, sin duda, representa un riesgo para la democracia.
El gobierno promete agilidad, pero lo que busca es concentrar el poder y la información. Cada cuenta Llave MX debe estar obligatoriamente asociada a la CURP biométrica, que, una vez validada con datos biométricos, se convierte en el único documento oficial aceptado.
¿Y si una persona no tiene acceso a la tecnología? ¿Y si se niega a entregar sus datos biométricos por razones legítimas? Se verá simplemente excluida del sistema.
Además, el llamado Expediente Digital Ciudadano permitirá que distintas dependencias del gobierno compartan información entre sí. ¿Quién controla ese acceso? ¿Quién asegura que no se use con fines políticos o comerciales? ¿Quién pone límites a la autoridad que manejará todo?
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La ley no lo dice. La digitalización forzada centraliza datos y poder. Lo que se está vendiendo como modernización es, en realidad, una maniobra para instaurar un sistema de vigilancia y control social.
Los biométricos, por sí solos, no son el problema. La cuestión es que no hay supervisión, no hay contrapesos y no existen límites reales al uso de la información personal. Al tiempo…
DETALLES. En Acción Nacional rechazamos la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional, que militariza la seguridad pública y viola la Constitución. Esta reforma permite vigilancia sin controles judiciales, vulnera derechos como la privacidad y elimina garantías ciudadanas.