La presidenta se reunió con empresarios gasolineros el 28 de abril para pactar un precio máximo del diésel en estaciones de servicio a nivel nacional. El nuevo precio, de 27 pesos por litro, se asemeja tanto en la forma como en el fondo al precio máximo de la gasolina Magna, fijado en 24 pesos por litro. Consistirá en un pacto voluntario con los operadores de gasolineras para mantener este precio máximo y así limitar el impacto económico en los ciudadanos y en las cadenas productivas del país.
La principal palanca instrumentada es un aumento al estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En otras palabras, cobrar menos IEPS para reducir el precio final del combustible. El aumento del estímulo al diésel reduciría el IEPS cobrado a tan solo 39% de su valor nominal, equivalente a 7.36 pesos por litro. La semana pasada, el IEPS del diésel, que ya se había reducido previamente, pasó de 4.47 pesos a 2.89 pesos por litro.
Sin embargo, los vientos geopolíticos provenientes de Oriente Medio siguen soplando sin un final claro a la vista. Las negociaciones entre la administración del presidente Donald Trump y el gobierno iraní están avanzando, pero el impacto en los mercados de crudo aún se prolongará por varios meses, según analistas del sector energético. Al 4 de mayo, el mercado de predicciones Polymarket estima una probabilidad de 40% de que el flujo de buques se normalice hacia finales de junio, y de 16% para que ocurra hacia finales de mayo.
Desafortunadamente, el impacto en los mercados petroleros es más inmediato. Los últimos buques que partieron del Golfo Pérsico a finales de febrero llegaron a sus destinos en Europa y Asia hacia finales de abril. Sin nuevos suministros en tránsito, la disrupción en las cadenas productivas a nivel mundial deja de ser una amenaza inminente para convertirse en una crisis para empresas y países altamente dependientes del petróleo del Golfo. Adicionalmente, el daño a los activos productivos de los países de la región, derivado del conflicto, ha afectado al menos a 10 millones de barriles diarios de producción, alrededor de 10% del total, según la Agencia Internacional de Energía.
La estrategia del gobierno mexicano responde a una urgencia real ante la incertidumbre geopolítica. Limitar el precio del diésel mejora el panorama inflacionario al reducir presiones en alimentos y bienes de consumo general. Sin embargo, la estrategia tiene un límite claro. La reducción pactada implica cobrar alrededor de 40% del IEPS nominal.
Esto contiene el aumento del precio del diésel en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo supone una caída en los ingresos del erario y una menor capacidad de maniobra en materia de control de precios. Un estímulo fiscal mayor al IEPS se traduce en menor recaudación y, por ende, en menores ingresos públicos, lo que eventualmente impactará la capacidad del Estado para financiar otros proyectos prioritarios. El gobierno mexicano deberá encontrar una solución más estructural si busca sostener el control de los precios de los hidrocarburos en el país.