En política, los tiempos suelen revelar más que los discursos. Y en Nuevo León, la secuencia de acontecimientos alrededor de las denuncias anunciadas por Morena contra Samuel García y Adrián de la Garza deja más preguntas que respuestas.
El 25 de mayo, Alejandro Murat, delegado político de Morena en el estado, apareció acompañado de dirigentes y figuras locales del partido para anunciar una ofensiva jurídica que prometía ir contra dos de los principales actores políticos de Nuevo León. Por un lado, denuncias contra el gobernador Samuel García por presuntas triangulaciones; por el otro, acciones contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por el caso Next Energy.
El mensaje parecía claro: Morena se preparaba para confrontar tanto a Movimiento Ciudadano como al PRI.
Sin embargo, apenas dos días después ocurrió algo difícil de ignorar. La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República fue únicamente contra Samuel García. La anunciada acción contra Adrián de la Garza simplemente desapareció de la agenda.
La pregunta es inevitable: ¿qué pasó entre el lunes y el miércoles?
La cronología posterior resulta aún más llamativa. El 1 de junio se hizo pública la cancelación del contrato de Next Energy por parte del municipio de Monterrey. Dos días después, Morena finalmente presentó la denuncia contra Adrián de la Garza, pero ya en un escenario muy distinto y con un expediente políticamente debilitado tras la anulación del contrato.
En términos políticos, el retraso benefició al alcalde regiomontano.
Por eso dentro de Morena cada vez son más las voces que observan con preocupación el papel de Alejandro Murat. La percepción que crece entre distintos grupos es que el exgobernador de Oaxaca estaría construyendo acuerdos que terminan favoreciendo a actores del PRI local, particularmente a través de la influencia política de Paco Cienfuegos.
La hipótesis que circula en los corrillos políticos es sencilla: intercambiar gobernabilidad legislativa y apoyos cruzados entre Nuevo León y Oaxaca. En otras palabras, asegurar condiciones para Morena en un estado mientras se fortalece a aliados priistas en otro. No existen pruebas públicas que confirmen tal acuerdo, pero los movimientos políticos recientes alimentan la sospecha.
Lo más significativo es que esta dinámica no parece responder únicamente a operadores locales. Detrás aparecen dos proyectos de sucesión presidencial que ya comienzan a mover piezas rumbo al 2030.
Por un lado, el grupo cercano a Tatiana Clouthier, cuya interlocución con Adrián de la Garza y Paco Cienfuegos es conocida en el ámbito político regiomontano.
Por otro, el bloque encabezado por Andrés Mijes y respaldado en el Congreso local por las diputadas Anylú Hernández y Grecia Benavides. Un grupo que ha sido cuestionado por sectores de Morena debido a votaciones y acuerdos que, según sus críticos, han terminado beneficiando al PRIAN.
Los ejemplos están sobre la mesa. Desde la designación de perfiles cercanos al bloque opositor en organismos públicos hasta la presentación de una propuesta de reforma electoral que fue impulsada sin consenso interno y que, según sus detractores, favorecería principalmente a municipios gobernados por PRI y PAN.
El problema para Morena no es únicamente electoral. Es de credibilidad.
Porque mientras el discurso nacional insiste en combatir los viejos pactos entre élites políticas, en Nuevo León muchos militantes comienzan a preguntarse si una parte de su dirigencia está haciendo exactamente lo contrario: construir acuerdos con aquellos que públicamente dicen combatir.
Y cuando las denuncias se anuncian con estridencia pero se presentan con retraso; cuando unos expedientes avanzan y otros esperan; cuando los adversarios de ayer se convierten en aliados circunstanciales, la pregunta deja de ser jurídica.
Se vuelve política.
¿Quién está operando para quién?