Activistas lograron, a través de un amparo, exhortar al Congreso de Puebla para eliminar la prohibición del aborto consentido o voluntario en la legislación, así como sancionar a quienes brindan apoyo a quien decide interrumpir su embarazo.
Las asociaciones, Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC. (Odesyr) presentaron en enero de este año un recurso para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en varios estados de la República, con base en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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La sentencia del pasado 7 de septiembre de 2021 estableció que las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales, en consecuencia se debe garantizar a las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
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Por tanto, el pasado 14 de octubre, un Juez de Distrito señaló que:
- Los artículos del Código Penal del Estado de Puebla que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios de derechos humanos como al libre desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva, salud, igualdad y no discriminación, y no sufrir violencia.
- Es inconstitucional la prohibición del aborto consentido, así como la sanción al personal que brinde apoyo a la mujer o persona con capacidad para gestar siempre que medie consentimiento.
- Aunque la Constitución local reconoce que la vida debe ser protegida desde la concepción, no debe utilizarse el derecho penal para sancionar a quien decide interrumpir su embarazo.
Es decir, se concedió el amparo para que a ninguna mujer o persona gestante, ni a ningún personal médico, que reciba asesoría, asistencia o defensa de parte de GIRE, Cafis y Odesyr se le criminalice por abortar o ayudar a que alguien aborte.
Las organizaciones que impulsaron esta estrategia jurídica reiteraron el llamado al Congreso de Puebla para reformar su legislación y que las autoridades de salud garanticen los servicios de aborto para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.
También confían en que los estados, cuya legislación limita el ejercicio del derecho a decidir abortar, tomen como base los criterios de la SCJN y los de la sentencia del estado de Puebla.
Hasta ahora se han presentado amparos contra los códigos penales de Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco, Querétaro y en contra del Código Penal Federal.
Diputadas reconocen avance
Al respecto, la diputada Mónica Silva Ruiz consideró este logro como “un gran día” para los derechos sexuales y reproductivos en Puebla, y dijo que este amparo orilla cada vez más a los legisladores a aprobar ya el aborto legal para las mujeres poblanas.
En tanto, la diputada del PT, Nora Merino Escamilla, consideró que no puede pasar otro periodo legislativo, es decir, llegar a marzo sin que se tenga en el Pleno la votación para la despenalización del aborto, por lo consideró que “ya es tiempo” de acatar las resoluciones para despenalizar el aborto.
“Tenemos muchos más elementos para poder entender que es el momento, ya después de lo que la Suprema Corte dice, este resolución de este juez que da la certeza a los colectivos, a todas aquellas que han impulsado el tema, que en mi opinión no debe ser político”.
— Nora Merino, diputada del PT.
