Magistrados del Sexto Distrito revocan medidas cautelares y exigen encarcelamiento de seis de los 11 funcionarios acusados de participar en la detención ilegal y tortura de las hermanas Michelle y Natalie Hoyos López, periodistas detenidas ilegalmente y torturadas en 2023.
El Tribunal Colegiado del Sexto Distrito ordenó prisión preventiva justificada para cinco policías municipales —cuatro hombres y una mujer— y el exjuez municipal Jesús Venancio Castro, todos del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla,, periodistas del medio Enlace Noticias.
Los hechos ocurrieron la noche del 10 de marzo de 2023, cuando las reporteras, junto con otras jóvenes integrantes de una organización feminista, fueron privadas de la libertad por elementos de la Policía Municipal tras participar en una manifestación por el Día Internacional de la Mujer.
Durante su detención, las víctimas fueron obligadas a desnudarse, amenazadas con ser desaparecidas y sometidas a actos de tortura, presuntamente con el consentimiento de la entonces presidenta municipal, Irene Olea Torres, militante del partido Morena.
Las periodistas fueron liberadas la mañana siguiente tras el pago de una multa bajo el cargo de alterar el orden público.
Posteriormente, interpusieron una denuncia formal contra los elementos municipales ante la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso al tratarse de delitos contra la libertad de expresión.
A través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, se inició una investigación que incluyó inspecciones, entrevistas y revisión de archivos de seguridad.
El pasado 6 de mayo, el Poder Judicial de la Federación imputó formalmente a 11 funcionarios municipales por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad y abuso sexual en agravio de Natalie y Michelle.
Sin embargo, el 12 de julio de 2024, una jueza estatal determinó medidas cautelares no privativas de la libertad, lo que permitió que los implicados enfrentaran el proceso judicial fuera de prisión.
Esta resolución fue apelada por la FGR y por la defensa de las víctimas.
Finalmente, el 30 de abril de este año, el Tribunal Colegiado del Sexto Distrito resolvió revocar dicha decisión y ordenó la prisión preventiva para seis de los imputados, al considerar que su libertad representaba un riesgo para las víctimas, abría la posibilidad de manipular pruebas y facilitaba su eventual fuga.
La resolución incluye los siguientes puntos:
- Revocación de la resolución emitida por la jueza de control el 12 de julio de 2024, dentro de la causa penal 801/2023.
- Imposición de prisión preventiva justificada como única medida cautelar.
- Instrucción a la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla para ejecutar la sentencia.
- Emisión de la sentencia por escrito, conforme al artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Protección de datos personales en la versión pública de la resolución.
Aunque los seis imputados enfrentan cargos como responsables materiales, persiste la sospecha de que actuaron por órdenes superiores, por lo que se espera que la investigación continúe hasta identificar y procesar a los autores intelectuales del ataque.
