La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, conocido como la Ley de Ciberasedio.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, encabezó la entrega del recurso legal junto con el presidente estatal del partido, Mario Riestra Piña; el exagente de la Policía Cibernética, Jesús Alfredo Páez San Martín; y el académico de la BUAP, Luis Enrique Sánchez. El objetivo: solicitar la derogación del artículo que consideran atenta contra la libertad de expresión en el entorno digital.
“Esta ley no solo es imprecisa, es peligrosa. En su ambigüedad, abre la puerta al abuso y a la censura”, expresó Romero, quien aseguró que el PAN respaldará a los poblanos que decidan ampararse contra la norma vigente.
La acción de inconstitucionalidad ya fue formalmente admitida por la Corte, y ahora seguirá su curso legal.
En tanto, el PAN en Puebla pondrá a disposición de periodistas, activistas y ciudadanos un modelo de juicio de amparo, que podrá ser presentado ante los juzgados de distrito en materia penal mientras se resuelve el fondo del asunto.
Por su parte, Mario Riestra Piña, líder del PAN en Puebla, adelantó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también planea interponer un recurso legal en contra de la ley.
“Lo más grave es que esta norma ya está vigente y, por tanto, ya limita libertades. Además, su redacción es deficiente y los conceptos que utiliza son tan vagos que permiten una interpretación arbitraria”, advirtió.
Durante el acto, el investigador Luis Enrique Sánchez reveló que más de 8 mil 500 firmas ciudadanas han sido recolectadas en respaldo a esta solicitud.
“Este no es un asunto partidista ni académico, es una defensa de la libertad. Derogar el artículo 480 no es solo una decisión jurídica, es un acto de dignidad colectiva”, afirmó.
La Ley de Ciberasedio fue aprobada en Puebla a pesar de las advertencias de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derechos digitales, quienes sostuvieron que criminaliza el ejercicio de la libre expresión en plataformas digitales, al utilizar términos ambiguos que podrían ser utilizados para perseguir opiniones o críticas públicas.
