El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, advirtió que si el Ayuntamiento de San Pedro Cholula no logra conciliar ni alcanzar acuerdos con los ciudadanos que se oponen a la construcción de un nuevo penal en el municipio, el proyecto no se ejecutará, a pesar de su necesidad.
En entrevista, el mandatario reconoció que es legítimo que existan voces ciudadanas en desacuerdo, pero enfatizó que el proyecto es importante para el sistema penitenciario del estado, por lo que actualmente se llevan a cabo tareas de conciliación, incluso con el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación estatal (Segob).
“Es el único centro de reinserción social que se encuentra en pleno centro de un municipio. Es importante escuchar a los vecinos inconformes y atender sus argumentos”, expresó.
Armenta detalló que su gobierno ha recibido solicitudes de habitantes que piden el traslado del penal, y por eso se mantiene abierto el diálogo. No obstante, dejó claro que no habrá imposiciones.
“Estamos dialogando porque no vamos a imponer nada. Pero, ¿qué hacemos con los miles que sí quieren que se reubique? No se trata de enfrentar a unos contra otros, sino de conciliar”, subrayó.
En ese sentido, recalcó que corresponde al Ayuntamiento de San Pedro Cholula proponer un nuevo terreno que no genere conflictos vecinales, considerando además que colectivos de derechos humanos han denunciado afectaciones a las personas privadas de la libertad en el actual centro penitenciario.
Finalmente, el gobernador comparó esta situación con la polémica que suelen generar los proyectos ambientales, como los rellenos sanitarios o los centros de transformación de residuos. Criticó que algunos sectores que exigen el cierre de estos espacios por su impacto ambiental también se oponen a las soluciones que se plantean.
“Hay quienes se rasgan las vestiduras por la contaminación del agua y del suelo, pero rechazan los centros de tratamiento. Así no se puede avanzar”, concluyó.
Gobierno de Puebla analiza indultos y preliberaciones
Como parte de una estrategia complementaria para despresurizar el sistema penitenciario, el Gobierno del Estado también analiza la concesión de indultos y beneficios de preliberación a personas privadas de la libertad.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que se elabora un diagnóstico detallado para identificar a personas que podrían acceder a estos mecanismos, los cuales están contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
“Estamos revisando los casos de personas que, por su conducta, condición de salud, edad o nivel de rehabilitación, podrían acceder. Pero no es automático, cada caso requiere evaluación y aprobación del Consejo Consultivo”, explicó.
Este proceso implica una revisión caso por caso, con base en criterios jurídicos, sociales y de derechos humanos. Con ello, el gobierno busca reducir el hacinamiento, evitar reincidencias y avanzar en la reinserción social.