Al menos 100 infancias trans de Puebla han tenido que tramitar una nueva acta de nacimiento, acorde a su identidad de género autopercibida, en entidades distintas a la suya, debido a que el Congreso del Estado aún no ha realizado las reformas necesarias para garantizar este derecho.
En entrevista con Publimetro, Majo Flores Serrano, dirigente de la Asociación Protectora de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos (APPS), recordó que el Poder Legislativo local está obligado a legislar, no solo por mandato nacional, sino también por los compromisos internacionales que México ha suscrito en materia de protección de derechos de la niñez.
Explicó que, pese a que en marzo de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Puebla modificar el Código Civil para permitir que las infancias trans puedan acceder a este trámite de manera gratuita y sin discriminación, el proceso aún se sigue resolviendo a través de juicios.
Flores Serrano detalló que entre 2022 y 2024, el colectivo APPS ha acompañado a por lo menos 100 menores de distintos municipios, principalmente Puebla capital, San Martín Texmelucan, Atlixco, Tehuacán, Huauchinango y Teziutlán.
“Pareciera que los niños no tienen voz, cuando en realidad gozan de los mismos derechos que nosotros, y deben garantizarse”, subrayó.
En Puebla, indicó, el Registro Civil todavía exige peritajes y diagnósticos médicos y psicológicos para realizar la solicitud, lo que obliga a muchas familias a trasladarse a estados donde sí se reconoce el derecho de identidad de género para infancias, como Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca.
La activista resaltó que la mayor parte de las solicitudes se concentran en adolescentes de entre 11 y 17 años, quienes buscan acompañamiento y asesoría para obtener el reconocimiento de su identidad.
También recordó que, mientras en 22 estados del país ya existe la llamada “Ley Agnes” para el reconocimiento de personas trans adultas, en Puebla esta legislación sigue pendiente para menores de edad, lo que ocasiona múltiples afectaciones:
- En la educación: falta de espacios seguros, como sanitarios adecuados, y riesgo de violencia escolar.
- En documentos oficiales: inconsistencias en títulos y certificados que no reconocen la identidad autopercibida, lo que ha derivado en juicios contra universidades, especialmente privadas.
- En lo social: persistencia de discursos de odio y obstáculos para el pleno ejercicio de derechos.
“Lamentablemente, cuando las personas llegan a la mayoría de edad y buscan cambiar sus papeles, se enfrentan a trabas legales porque las universidades no reconocen su identidad. Esto genera procesos largos y costosos”, agregó.
Finalmente, Flores Serrano cuestionó la actuación de la diputada local de Morena, Gabriela Chumacero, quien —pese a su trayectoria como activista LGBT+—, dijo, suele priorizar el reconocimiento al gobernador Alejandro Armenta por encima de la defensa de la agenda trans.
“¿Hay realmente división de poderes? Ha presentado algunas iniciativas, impulsado capacitaciones y jornadas de salud sexual, pero aún quedan dos años de legislatura y seguimos esperanzados en que los resultados mejoren”, concluyó.
Recientemente, presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, anunció que en el próximo periodo ordinario, que inicia el 15 de septiembre, se impulsarán reformas legales para reconocer los derechos de las infancias trans, cumpliendo con la resolución de la Suprema Corte.
“No hay vuelta de hoja, tenemos que tocar el tema. Sí, es un asunto sensible, pero viene una resolución de la Suprema Corte y se tiene que modificar”.
— Laura Artemisa García, presidenta del Congreso.