En promedio, entre 120 y 200 familias que habitan en asentamientos irregulares de la zona conurbada de la ciudad de Puebla son notificadas cada mes por la Dirección de Gestión de Riesgos del Ayuntamiento, debido a que las zonas donde viven representan un peligro.
El director del área, Rubén Borau García, informó que la mayor concentración de estos asentamientos se registra en juntas auxiliares, donde se ha detectado un crecimiento constante.
Explicó que las notificaciones tienen como objetivo advertir a la población sobre los riesgos y exhortarla a no realizar acciones que puedan agravar la situación. Como parte del proceso, se solicita a las familias firmar un documento en el que se les informa formalmente sobre la peligrosidad del sitio que habitan.
Aunque el fenómeno se presenta en toda la mancha urbana, Borau García señaló que las autoridades han identificado un aumento en juntas auxiliares externas, principalmente en San Miguel Canoa y San Sebastián de Aparicio.
“Se están anexando tierras y propiedades que pertenecen a Conagua o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); se les notifica, pero no es un tema municipal, ya que se trata de propiedades federales”, explicó.
El funcionario indicó que en la capital poblana se han detectado más de dos mil asentamientos irregulares desde hace varios años. Algunos de ellos ya cuentan con calles y servicios públicos, pese a que se localizan cerca de barrancas, ríos o zonas de desfogue pluvial, lo que incrementa el riesgo de inundaciones.
“Ha habido casos en los que las viviendas han resultado afectadas por el agua. Sabemos que el desplazamiento es complicado, pero nuestra función es preventiva: informarles que se trata de zonas no habitables y que el terreno implica riesgos por desagüe natural”, puntualizó.