Tras las auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a la SEP, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que se han iniciado más de 30 procedimientos contra exfuncionarios públicos por presuntas irregularidades en la asignación de plazas docentes.
En entrevista, el mandatario señaló que las investigaciones continúan en curso y destacó que, hasta el momento, se han recuperado cerca de 400 plazas otorgadas de manera irregular.
Estas, dijo, ya están siendo reasignadas en municipios donde existe déficit de maestros, principalmente en zonas con mayor rezago educativo.
Armenta Mier también dio a conocer que recientemente sostuvo reuniones con dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), secciones 23 y 51, así como con representantes del Centro de Estudios de Puebla (Cetep), con el objetivo de atender esta problemática y establecer una agenda de trabajo a largo plazo que responda a las demandas del magisterio.
“Es nuestra responsabilidad privilegiar el diálogo, el consenso y la conciliación con todos los liderazgos sindicales. Sin embargo, era necesario esperar los resultados de las auditorías para conocer con claridad la situación en la SEP”, expresó.
El gobernador aseguró que su administración mantiene una postura de respaldo hacia los docentes, particularmente en la defensa de sus derechos laborales, al tiempo que advirtió que no se tolerarán prácticas de corrupción que afecten al sistema educativo.
“Somos aliados de las maestras y maestros, pero también estamos comprometidos a erradicar cualquier acto que beneficie a unos cuantos en perjuicio del sector”, subrayó.
Como parte de las acciones derivadas de estas auditorías, se han separado de sus cargos a 43 personas en distintos niveles dentro de la dependencia, incluyendo subdirectores, jefes de área y enlaces administrativos. Asimismo, se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía y se mantiene en revisión un total de 7 mil plazas.
Entre las principales anomalías detectadas se encuentran asignaciones a personas fallecidas, trabajadores que no se presentaban en sus centros laborales, expedientes incompletos y casos que no cumplían con los requisitos normativos.
De acuerdo con el gobierno estatal, estas irregularidades se originaron desde 2025, periodo en el que se otorgaron entre 500 y 600 plazas anuales que, en muchos casos, no se reflejaron en la cobertura educativa, especialmente en comunidades rurales.