Durante los gobiernos panistas en Puebla se destinaron más de 210 millones de pesos para la realización del festival Ciudad de las Ideas, vinculado a Grupo Salinas, aseguró el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien además acusó al corporativo de intentar obtener recursos públicos de la actual administración para proyectos de difusión.
En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que la empresa buscó acceder a presupuesto estatal, como ocurrió en administraciones anteriores, pero ante la negativa del gobierno encabezado por Alejandro Armenta comenzó una serie de críticas contra el Ejecutivo estatal.
García Parra reveló que los recursos asignados a Ciudad de las Ideas sumaron más de 210 millones de pesos entre 2018 y 2024.
Tan solo en 2018 se destinaron 21 millones de pesos; en 2019, 29 millones; en 2020, 21 millones; en 2021, 22 millones; en 2022, 35 millones; en 2023, 15 millones; y en 2024 se mantuvieron partidas para dicho proyecto.
Incluso, afirmó que para el ejercicio fiscal 2025 todavía existían recursos etiquetados para Ciudad de las Ideas, aunque éstos fueron retirados por la actual administración.
El coordinador rechazó que exista una persecución política contra el empresario Ricardo Salinas Pliego y aseguró que las acciones emprendidas por las autoridades contra TV Azteca Puebla responden exclusivamente a procedimientos legales.
Televisora suma 40 multas por irregularidades
Explicó que la televisora acumula 40 multas por irregularidades laborales y mantiene un adeudo de 3.3 millones de pesos derivado de dos demandas laborales, situación que motivó el procedimiento de embargo iniciado en sus oficinas ubicadas en Torre Centro Mayor, sobre la Calzada Zavaleta.
Asimismo, señaló que la empresa presentó una garantía para evitar la ejecución del embargo, recurso que será revisado por las autoridades para determinar si cumple con los requisitos legales correspondientes.
Finalmente, insistió en que las críticas emitidas por Ricardo Salinas Pliego en redes sociales no modificarán la actuación del gobierno estatal, ya que las decisiones tomadas en este caso obedecen al cumplimiento de resoluciones laborales y no a diferencias políticas.