Ejidatarios de Peña Colorada interpusieron un total de 7 amparos colectivos en contra del decreto federal de Área Natural Protegida, confirmó Rocío Vidal, representante estatal de la Central Campesina Cardenista y coordinadora de los ejidos Zapata Vive de Peña Colorada.
A casi un mes de haberse publicado la declaratoria de Área Natural Protegida, habitantes de seis ejidos de la zona —Tierra Blanca, San Vicente Ferrer, San José Buenavista, El Salitre, San Pablo, San Pedrito el Alto— y un grupo de ejidatarios por derecho propio de Jurica metieron amparos indirectos ante el Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con la representante, parte de los ejidatarios viajaron el lunes 22 de mayo a la Ciudad de México y tomaron las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Tras esto, la titular de la dependencia, María Luisa Albores, recibió sus demandas y se comprometió a concertar una nueva reunión con autoridades federales, estatales y de los municipios de Querétaro y El Marqués.
“No hemos contacto con ninguna de las autoridades, nosotros estuvimos en la Ciudad de México, fuimos y tomamos las instalaciones de Semarnat, tuvimos una reunión con la secretaria María Luisa Albores y ahí quedamos en tener en una reunión con gobierno del estado, los dos municipios y diferentes dependencias para poder tener una reunión, la que la otra vez se nos reventó”, dijo.
Y es que el 10 de mayo pasado, ejidatarios y distintas autoridades tuvieron una primera reunión, que se suspendió por la actitud violenta de algunos manifestantes. Por ello, explicó Vidal García, se prepara un nuevo encuentro que, aunque todavía no tiene fecha ni lugar definidos, se espera que se realice la próxima semana. Mencionó que dichos detalles se definirán con el subsecretario de Gobierno, Éric Garduño.
“Nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho que todos los ciudadanos tenemos cuando tenemos una arbitrariedad a nuestros derechos, entonces donde terminan los derechos de ellos empieza el de nosotros, y nosotros lo estamos ejerciendo. Más que nada porque se violaron nuestros derechos, nunca hemos dicho que estamos en contra (del decreto), solamente que estamos en contra de cómo se hicieron los procedimientos que no están basados en la ley, hubo muchas arbitrariedades”, expresó.
