La Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) negó que exista discrecionalidad en la revisión de cuentas públicas, esto ante las críticas realizadas por la comisión especial de vigilancia de las cuentas públicas en el Congreso local, que ha acusado “parcialidad”, “decisiones de dedazo” e incluso mal uso de datos personales.
El auditor superior Francisco Javier Covarrubias Enríquez negó estas observaciones, y aunque evitó realizar un pronunciamiento particular sobre sí se trata de un asunto de origen político, negó que esté rota la relación con el Poder Legislativo.
No obstante, aclaró que el actuar de la ESFE y los métodos de fiscalización están regulados por un marco normativo, por lo que no es posible hacer algo fuera de estos, puesto que debe atenderse a la Constitución, la Ley de Fiscalización y la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo.
“La realidad es que los trabajos que ha desempeñado la ESFE ha sido en estricto cumplimiento al marco constitucional y legal. No hay ningún secuestro de información, desde luego, simple y sencillamente, y déjame presentarte esta metáfora, vamos a llamarle la ley una carretera pavimentada, y yo tengo que transitar, sí o sí, no tengo opción para no transitar por ahí, por una carretera pavimentada que se llama constitución, ley de fiscalización y ley orgánica del Congreso”.
La metodología de la fiscalización remarcó que no solo se ha construido en su gestión, sino que viene de procesos anteriores, pero que, además, con cada ejercicio de fiscalización puede ir evolucionando conforme a las necesidades y nuevas herramientas, como la inteligencia artificial.
No obstante, al reconocer que la ley vigente es limitada y hace compleja la interacción entre ambas instancias, también puso sobre la mesa que se analice una posible reforma que fortalezca esta relación y el método de fiscalización.
“Pero esas son las mesas de discusión o de análisis que tendrían que estarse detonando. ¿Cuál es tu marco normativo? ¿Cuál es el campo de acción conforme al marco normativo de la ESFE y de la legislatura? Entonces, a la luz del marco normativo que hoy existe, te puedo decir que, definitivamente, no hay ningún secuestro de información, no hay ningún incumplimiento al marco, a la constitución y a la ley”.
De igual forma, negó que se esté dando un tratamiento de culpabilidad a quienes están involucrados en los diferentes hallazgos u observaciones de las cuentas públicas de 2024, así como un uso incorrecto de los datos personales, ya que los RFC que se han hecho públicos son de proveedores, un listado que también es público.
Remarcó que estos datos incluso pueden ser consultados por cualquier persona desde un teléfono o computadora, ya que los padrones de proveedores no solo mencionan el RFC sino domicilios fiscales, nombres de empresas o personas, entre otros, al haber una relación con el servicio público.