Inés Gómez Mont es conocida por tener una familia numerosa, ya que es madre biológica de seis niños: Inés, los trillizos Javier, Diego y Bruno -a quienes procreó con su ex marido Javier Díaz- mientras que Bosco y María son fruto de su relación con Álvarez Puga.
En caso de que la presentadora y su esposo sean detenidos por las autoridades, los familiares deben solicitar la guarda y custodia de los menores de edad ante las autoridades, así lo explicó Diana Lasso, abogada especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, justicia penal para adolescentes y criminología.
“Siempre que los padres tengan un proceso en materia penal, la guarda y custodia puede pasar a algún familiar. Los familiares interesados en solicitar la custodia deben consultar a abogados de lo familiar, quienes seguirán el proceso y el juez determinará la situación de los menores”, afirmó.
Sin embargo, destacó que en caso de no contar con familiares que se hagan responsables de su custodia, los menores serán puestos a disposición de las autoridades y podrían ser llevados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF).
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Inés Gómez Mont y su esposo tienen ficha roja
Inés Gómez Mont, sobrina de Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados en más de 190 países debido a la ficha roja que emitió la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Desde el pasado 10 de septiembre se dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión en contra de la ex conductora de Ventaneando y el abogado Álvarez Puga por los delitos de peculado, delincuencia organizada y delitos con recursos de procedencia ilícita por dos mil 950 millones de pesos.
La cantidad señalada presuntamente proviene de contratos otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) para comprar un programa de interconexión de siete penales federales. Sin embargo, dicha empresa es considerada facturera por simular operaciones al no contar con personal ni infraestructura, así lo dio a conocer el portal Animal Político.
Tras lo ocurrido, el 28 de septiembre Inés Gómez Mont publicó un comunicado con relación a su proceso legal, en el que enfatizó que no tenía acceso a su expediente y reiteró que es inocente.
Pero eso no es todo, pues el pasado 14 de octubre la ex conductora del programa Los 25+ dio a conocer que las autoridades también solicitaron órdenes de aprehensión en su contra por asuntos fiscales, a pesar de que la pareja a tenía acuerdos conclusivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
“Primero, que el Procurador Fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra.
Además destacó que las autoridades le mintieron a la prensa y al público afirmando que existía una orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con Gómez Mont durante esa fecha no existía una orden de aprehensión.
En ese sentido, la conductora afirmó que días después de la discusión de la noticia, el juez Zeferín Hernández emitió la orden de aprehensión, por lo que de ser capturados deberán ser llevados a una prisión de máxima seguridad.
¿Qué es una ficha roja?
-Una vez que la Interpol recibe la solicitud para emitir la alerta, los datos que recibe por parte del país que realizó la petición se someten a un proceso de examinación, el cual se lleva a cabo por un grupo especializado.
-Posteriormente tras remitir la solicitud al secretariado general de Interpol para su examinación por parte de un tribunal especializado, se emite una decisión en la cual se indica si se aprueba o se niega la solicitud.
-Una vez que se autoriza la notificación roja de Interpol, se abre paso a que las autoridades correspondientes a nivel global procedan con la localización e identificación de las personas que aparecen en la alerta para su detención de manera provisional en calidad de inocentes en caso de que aún no cuenten con una sentencia.
