Inés Gómez Mont y Álvarez Puga están acusados por la FGR de pertenecer de malversación de fondos públicos y lavado de dinero por 3 mil millones de pesos, los cuales, de acuerdo a las investigaciones, salieron a través de contratos de entidades de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En enero pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo las órdenes de aprehensión contra Gómez Mont y su esposo por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pero ahora, Rosa Montaño Martínez, jueza décimo quinto de Distrito en Amparo, consideró deficiente la argumentación presentada por Alberto Torres Villanueva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente y ordenó invalidar la orden de aprehensión librada en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont.
La excomunicadora fue acusada por el delito de defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos
Este fallo legal de la juez décimo quinto de Distrito en Amparo beneficia parcialmente a la presentadora de televisión; sin embargo, no la exime de ser buscada por la justicia debido a que le pesan otras dos ordenes de aprehensión: por delincuencia organizada y lavado de dinero.
A principios de año, fue la propia influencer mexicana que inició un juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que tenía por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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La Fiscalía General de la República (FGR) ya había informado sobre órdenes de aprehensión contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez, además de cinco personas más. Tres de los involucrados ya están recluidos en los centros federales de justicia penal y en los casos de quienes huyeron del país, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional.
La conductora se mantiene alejada de toda aparición pública y las redes sociales, pero se dice que quiere arreglar su problema legal y volver a la vida normal sin esconderse.