Fueron exonerados cuatro de los cinco señalados por la represión y agresiones contra mujeres en la marcha feminista del 22 de agosto del 2020 en León.
El Consejo Honor y Justicia exoneró de alguna responsabilidad administrativa al director general de la Policía Vial y la Policía municipal, Jorge Guillén Rico, a Sandra Érika González Calvillo, encargada general del operativo y al comandante Paulín Ramiro Granados Aguirre, encargado del grupo Delfín de proximidad social.
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La Contraloría Municipal también exoneró de toda responsabilidad a Mario Alberto Rodríguez Mariscal, quien durante esa semana era encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, pues el titular, Mario Bravo Arrona, se encontraba de vacaciones.
El único que fue señalado por el Consejo de Honor y Justicia fue el entonces director de Operaciones Policiales, Juan Pedro González Pérez, quien ya no labora para el gobierno municipal.
“En sesión 346 del Consejo de honor y Justicia se determinó que Jorge Guillén Rico, Sandra Erika González Calvillo y Paulín Ramiro Granados Aguirre, la investigación determinó que no existe a presunta responsabilidad administrativa (...) en sesión 368 del Consejo de honor y Justicia se determinó que Juan Pedro si tuvo responsabilidad y toda vez que él causó baja durante el curso del procedimiento, se hace la anotación en la hoja de servicio del sentido de la resolución”, se informó en la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento.
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Las investigaciones se derivan de las recomendaciones del expediente 108/20-A de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, donde se instruyó al municipio de León a iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes.
La Procuraduría acreditó que durante la manifestación feminista del 22 de agosto de 2020 hubo 23 detenciones arbitrarias y agresiones contra las manifestantes.
