Guanajuato

Denuncian aumento salarial sin dictamen en el IACIP; piden auditoría completa

Diputada de Morena solicitó revisar uso de recursos, legalidad administrativa y beneficios económicos de los comisionados

El IACIP enfrenta señalamientos por aprobar incrementos salariales sin sustento legal y por fallas en la garantía del derecho a la información.
El IACIP enfrenta señalamientos por aprobar incrementos salariales sin sustento legal y por fallas en la garantía del derecho a la información. (Cortesía)

El grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo en el Congreso local para exhortar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a realizar una auditoría financiera y de desempeño al Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP), con especial atención en los ejercicios fiscales 2023, 2024 y el actual 2025.

Entre los señalamientos expuestos destaca el incremento salarial aprobado para los comisionados, el cual, según la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, se realizó sin dictamen técnico, sin análisis jurídico y sin autorización del Comité de Estructuración Salarial, además de aplicarse con efectos retroactivos.

“No se trata solo de una irregularidad administrativa, sino de una estrategia para incrementar el beneficio económico personal antes del término de su encargo”, sostuvo la legisladora.

Más de 5 millones de pesos para tres comisionados

Aguilar Castillo cuestionó el costo financiero del IACIP, al señalar que únicamente los tres comisionados representan una carga superior a 5 millones 122 mil pesos para el presupuesto público en 2025.

El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, también plantea revisar el uso general de recursos, los procedimientos internos, el cumplimiento normativo y la legalidad de las decisiones tomadas por el Pleno del Instituto.

Acusan opacidad en lugar de transparencia

Además de los cuestionamientos financieros, la diputada criticó que el IACIP se ha convertido en “un muro de opacidad y simulación institucional”, al emitir resoluciones que —dijo— favorecen a dependencias en lugar de garantizar el derecho ciudadano a la información pública.

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