Sucedió lo inevitable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó la inconstitucionalidad del artículo cuarto transitorio de la reforma a la Ley de Pensiones de Jalisco aprobada en 2021. Este artículo topaba en 106 mil pesos las jubilaciones de funcionarios y exfuncionarios, para frenar las llamadas “Pensiones Doradas” o “VIP”.
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Expertos en derecho acusaron, desde que se aprobó esta reforma hace dos años, que los 87 personajes que recibían una pensión superior a 106 mil pesos iban a ampararse, pues les estaban quitando un derecho ya adquirido. Finalmente, los ministros dieron la razón al señalar que no se pueden crear leyes retroactivas, es decir, que le quiten derechos ya ganados a las personas.
Una mujer se amparó contra esta reforma y los ministros votaron con cuatro votos a favor el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel. Se acreditó que dicho artículo de la Ley de Pensiones viola el principio de irretroactividad de la ley. La resolución no sólo ampara a la quejosa, sino que obliga a las diferentes autoridades a no aplicar esta modificación.
“Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, se abstengan de aplicar en lo presente o futuro el aludido numeral, por haber resultado violatorio del principio de irretroactividad de la ley”, cita el documento.
Esta resolución es independiente a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra esta misma Ley de Pensiones. Dicha acción no solo pelea la retroactividad, sino que acusa que topar las pensiones violenta el principio a la seguridad social y previsión social, al limitar los montos que pueden obtener los trabajadores al servicio del estado, a pesar de ser una prestación por la cual se trabajó.
La polémica reforma
En 2021 se dio a conocer que el exsenador José María “Chema” Martínez, quien militó en el PAN y ahora es diputado local por Morena se jubiló con una pensión de lujo en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), en circunstancias calificadas como anómalas.
Entonces el Ejecutivo presentó una iniciativa para eliminar las “pensiones doradas” a trabajadores del estado y que nadie pueda recibir más de 106 mil pesos al mes como jubilación.
El caso de Martínez no era el único, pues existen en los listados del IPEJAL al menos 93 personas cuyas pensiones son superiores a los 100 mil pesos, 87 por arriba de los 106 mil pesos y dos casos por arriba de los 200 mil pesos mensuales.
Entre los nombres con las pensiones más elevadas se encuentra el notario Eleuterio Valencia Carranza, el ex auditor estatal Alonso Godoy Pelayo, el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, el exregidor y exdiputado Francisco Javier Hidalgo y Costilla, así como varios exmagistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Litigantes advirtieron que aquellos a quienes se les iba a recortar su pensión se ampararían, situación que ocurrió y 70 se querellaron. Finalmente, el asunto escaló hasta la Corte, cuyo resolutivo es un duro revés a las intenciones de poner orden al Instituto de Pensiones.
