La intención de la India de crear uno de los mayores sistemas de reconocimiento facial del mundo ha desatado la preocupación de que se convierta en un sistema de vigilancia masiva, en un contexto de protestas que sacuden al país desde hace semanas y en las que han muerto al menos 25 personas.
En plena ola de manifestaciones contra una enmienda reciente a la Ley de Ciudadanía que busca dar la nacionalidad a inmigrantes de países vecinos pero excluye a los musulmanes, el primer ministro, Narendra Modi, trató de calmar la situación durante un acto político celebrado hace dos semanas en Delhi.
Miles de personas acudieron al acto para ver de primera mano a Modi, y se convirtieron sin saberlo en los observados.
«Cada participante en el acto fue filmado por una cámara junto al detector de metales, y la señal en vivo fue comparada en cinco segundos con una base de datos de rostros en la sala de control instalada en la zona», explicó un portavoz de la Policía capitalina al diario local Indian Express.
La intención declarada de las autoridades era identificar posibles amenazas a la seguridad de Modi, aunque según el diario la Policía ha elaborado también una base de datos de «malhechores que podrían gritar consignas o mostrar carteles».
RECONOCIMIENTO FACIAL EN UN PAÍS DE MIL 300 MILLONES
La Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India (NCRB), dependiente del Ministerio del Interior, ha lanzado una llamada a propuestas para implementar un sistema de reconocimiento facial automatizado en todo el país.
La tecnología ya está en uso en algunos territorios como Nueva Delhi, donde la Policía la adquirió en 2018 con la intención de localizar a niños perdidos.
«El sistema puede jugar un rol vital en mejorar los resultados de la identificación y verificación de criminales facilitando la grabación, análisis, recuperación e intercambio de información entre distintas organizaciones», señala el NCRB en el documento.
La intención es clara: unir todas las bases de datos diseminadas por el país en un sistema que pueda ser utilizado incluso desde un teléfono móvil.
Una tecnología «esencial», según el NCRB, capaz de identificar automáticamente a personas a partir de un vídeo en directo, pero también de fotografías obtenidas de periódicos o «enviadas por la gente» e incluso de bocetos.
Por el momento, el Gobierno indio ha pospuesto repetidamente la fecha límite para presentar candidaturas para la propuesta ,la última vez el pasado 3 de enero hasta el 31 de ese mes.
MIEDO AL GRAN HERMANO INDIO
Dos días antes del discurso de Modi, el viernes 20 de diciembre, varios drones blancos de la Policía sobrevolaban a los miles de manifestantes reunidos frente a las escaleras de una de las mayores mezquitas de la India, la Jama Masjid situada en la parte antigua de Delhi, que protestaban contra la Ley de Ciudadanía.
Apenas un punto oscuro sobre el cielo gris que se mezclaba con las águilas que sobrevolaban la zona, los aparatos equipados con cámaras son inconfundibles por el zumbido de sus aspas y su silueta cuando descienden a pocos metros del suelo.
Los drones han sido utilizados en las últimas semanas en Cachemira y en el estado norteño de Uttar Pradesh, donde se produjeron la mayor parte de las víctimas mortales durante las protestas en ocasiones violentas y la actuación de la Policía ha sido puesta en entredicho por su brutalidad.
La visión de los drones y la llamada a proyectos del NCRB se han convertido en una pesadilla para los defensores de la privacidad en la nación asiática.
El problema principal es «la ausencia de cualquier tipo de control o marco legal» que regule el uso del reconocimiento facial, explicó a Efe el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Internet india (IFF, en inglés), Apar Gupta.
Los límites a la tecnología no figuran en la llamada a proyectos, un documento técnico y muy general según Gupta, quien considera que «puede ser utilizado para todo tipo de vigilancia policial pero también para el control social y político«.
Aunque el Tribunal Supremo de la India reconoció que la privacidad es un derecho fundamental de los ciudadanos en una sentencia de 2017, el país todavía no cuenta con una legislación al respecto y una Ley de Protección de Datos Personales todavía está pendiente de ser aprobada por el Parlamento.
De todos modos, Gupta no cree probable que esa legislación vaya a ayudar «debido al gran número de excepciones en favor de los departamentos gubernamentales» que permiten obtener información normalmente protegida.
«Se trata de un sistema de vigilancia masiva», zanjó Gupta.
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