Los aspirantes a una gubernatura gastan en promedio 10 veces más de los topes legales que impone el Instituto Nacional Electoral (INE) para la realización de su promoción en campaña electoral.
Así lo señaló el estudio Dinero Bajo la Mesa, al realizar un análisis de las elecciones a gobernador realizadas entre el 2016 y 2017, con tope de campaña de 42.4 millones de pesos, cuando en la realidad tuvo un costo de 425.37 millones de pesos.
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El ejercicio a cargo de Integralia y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, describe cómo los políticos basan su estrategia de compra de voto en el uso de efectivo para no dejar rastros pues buscan la movilización, compra, inhibición, coacción del voto y acciones ilegales.
A través de una investigación de más de un año y entrevistas a más de 60 políticos, ex gobernadores y periodistas, se determinó que el pago promedio por un voto en México es de 750 pesos; siendo en zonas rurales de 500 pesos y en urbana de mil pesos.
Por lo que la premisa de pago real de 425.37 millones de pesos para una campaña a gobernador resulta de multiplicar los 567 mil 160 votos obtenidos en promedio en aquellas elecciones por el pago de 750 pesos.
Además se detectó que por cada peso que se reporta, al menos otros 15.3 pesos son ilegales, pues identificaron ocho mecanismos de desvío de recursos públicos:
- subcontratación forzosa
- descuentos de nómina
- uso y transformación de recursos en efectivo
- empresas fantasmas y fachada
- sobrecostos en adjudicación, servicios y obra pública
- medios de comunicación
- otorgamiento de permisos como construcción o ambulantaje
- uso político de programas sociales
En cuanto al financiamiento ilegal privado se encontró que se puede entregar el dinero directamente al candidato, partido o equipo de campaña, o en especie; así como el uso de la triangulación a través de defraudación fiscal, empresas fantasma o en cobertura a medios y encuestas.
Al respecto, María Amparo Casar, mencionó que según datos oficiales del Banco de México (BM), se observa una constante en la que el efectivo circulante en el país incrementa unos meses previos a que inicien las jornadas electorales.
«En los meses anteriores a la campaña, en los años de 2012 y 2015 subió a 37 mil millones y 28 mil millones, respectivamente, el dinero en efectivo que circulaba. Esto quiere decir que es el equivalente a 5% en la economía y aunque no podemos asegurar que se vaya todo a campañas, es curioso que en épocas de campaña suba el dinero en efectivo», dijo.
Las propuestas
Para acabar con la corrupción y el clientelismo que expusieron es el principal lastre de la democracia electoral, es necesario que las autoridades apliquen 10 medidas:
- Revisar todo el esquema de financiamiento público “base cero”
- Sistema integral de fiscalización SAT, ASF, UIF, INE
- Normatividad bancaria para acceso a transacciones y cuentas individuales
- Revisión al uso de efectivo en campañas y bancarias operaciones de gobierno
- Modificar sistema de contrataciones y proveedores a nivel local
- Disminuir al mínimo la publicidad oficial y mecanismos para eliminar áreas de riesgo con empresas de medios integradas verticalmente
- Revisar tipificación y sanciones de delitos electorales
- Tope de efectivo en operaciones electorales y de gobierno
- Urnas electrónicas
- Voto obligatorio
Este último punto es el que más llama la atención pues propone modificaciones a la Ley electoral para hacer obligatorio el voto y acabar con la compra de votos y la movilización de estructuras clientelares.
Luis Carlos Ugalde, detalló que la propuesta busca desincentivar este tipo de prácticas, pues sería casi imposible pagarle a la mayoría de la población por lo que el modelo de operación se “desmorona”.
“Si el ciudadano está obligado a votar, porque si no lo hace sabe que lo pueden multar, o no puede realizar trámites oficiales, entonces el costo se traslada del partido en campaña a la sociedad. No es lo mismo ‘comprar una elección’ cuando vota el 45 % del electorado a cuando vota el 85%. El ejercicio clientelar pierde lógica, se desmorona”, apuntó.
