La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó que la violencia registrada contra los candidatos electorales en el marco de las elecciones intermedias, previstas para el domingo, tenga «motivación electoral«.
Entre septiembre y mayo se han constatado cerca de 800 ataques contra políticos mexicanos, asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas incluidos. «Sus autores deben ser castigados con todo el rigor de la ley, pero, hasta donde tenemos información, no tienen una motivación electoral», destacó Sánchez Cordero durante una reunión con los 32 presidentes de los institutos electorales de los estados mexicanos.
Según Sánchez Cordero, en los incidentes se han distinguido motivaciones «claramente» diferenciadas y mencionó, en primer lugar, conflictos producto de demandas sociales, fundamentalmente en el medio rural y en comunidades originarias, como Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Michoacán.
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Por otro lado, señaló que organizaciones sindicales, campesinas, populares o estudiantiles utilizan la coyuntura electoral para «presionar, en ocasiones de maneras violentas», para lograr la satisfacción de sus demandas, «que nada tienen que ver con las elecciones».
Según la consultora Etellekt, 35 candidatos o precandidatos han sido asesinados en México en lo que va de la actual campaña electoral.
La mayoría de las víctimas contendían a cargos locales, como alcaldías o puestos en ayuntamientos. Algunos pertenecían a partidos chicos y con pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, los analistas aseguran que los cárteles del narcotráfico pudieron haber atacado a algunos de los candidatos porque amenazaban con quitarles votos a los aspirantes favorecidos por los grupos delictivos.
Los expertos señalan que los grupos criminales a menudo buscan controlar a los gobiernos locales porque les representa una oportunidad para sacar dinero de los presupuestos municipales, identificar a posibles víctimas de secuestro y extorsión, y obtener el apoyo o consentimiento de la policía local.
