Amnistía Internacional rechazó las detenciones en León de ciudadanos que no usan el cubrebocas.
El organismo de protección de derechos humanos envió una carta al alcalde, Héctor López Santillana y al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, donde exponen que estas acciones son “violatorias de otros derechos humanos”.
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“La protección y garantía del derecho a la salud es una obligación del Estado. Sin embargo, las medidas que implemente para lograrlo no deben ser violatorias de otros derechos humanos, deben ser constitucionales, y ser las idóneas, proporcionales y necesarias”, señala la carta.
El gobierno municipal de León informó que este fin de semana fueron detenidas 37 personas por no portar el cubrebocas. El fin de semana pasado, otras 62 personas fueron remitidas ante jueces cívicos por no acatar la disposición avalada por el Ayuntamiento.
Sobre ello, Amnistía Internacional externó su preocupación y señaló que las personas fueron detenidas sin ninguna garantía de seguridad sanitaria.
“Las personas detenidas fueron subidas a camionetas de la policía municipal sin ningún tipo de medida para evitar contagios, como la sana distancia y sin que se les proporcionaran cubrebocas. Además, que en algunos casos fueron presentadas hasta cuatro horas después de ocurridas las detenciones y que fueron liberadas previo pago de la multa correspondiente a faltas contra la salud pública”, se señaló.
Se puntualizó que esta medida es violatoria de la Constitución Mexicana y se debe parar con las detenciones que son un métodos “coercitivos, punitivos y discriminatorios”.
“Se abstengan de implementar medidas de protección a la salud púbica que impliquen la restricción o suspensión de otros derechos, como a la libertad. En su lugar recurran a medidas más efectivas que empoderen a la ciudadanía con conocimientos basados en evidencias científicas para proteger su propia salud y la de sus comunidades, y se le den herramientas y recursos económicos para cumplir voluntariamente con las medidas protección”, solicitaron al gobierno municipal y estatal.
La postura de la organización sostiene sus argumentos en que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de todos los derechos humanos, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece”.
