El ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó este jueves su proyecto sobre la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, presentado el pasado 15 de septiembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que será discutido en la sesión de 1 de octubre. Concluye que la consulta propuesta por el Ejecutivo es inconstitucional.
El ministro resalta en su proyecto que el diseño y contenido de la consulta es una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección.
En todo su proyecto, el ministro enfatiza que cuando alguien tiene conocimiento de la posible comisión de un delito, su obligación es denunciarlo ante las autoridades correspondientes.
«Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad», explica el ministro Aguilar en el documento publicado hoy en redes sociales de la SCJN.
«Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos», se añade en el documento presentado este jueves.
Además, explica que en vista de la inconstitucionalidad decretada, «no es legalmente posible emitir pronunciamiento alguno con relación a la calificación de la trascendencia de la consulta ni en torno a la legalidad y contenido de la pregunta propuesta, pues, como ya se ha concluido, el objeto o materia de esta consulta no es válido constitucionalmente, de manera que la pregunta no tiene un sustento legal, y su estudio en
sí misma resulta improcedente».
Consulta puede viciar procesos penales
El ministro Aguilar Morales considera que al exponer mediáticamente a los expresidentes a los que se pretende enjuiciar, se vulnera su presunción de inocencia.
«El objeto de la consulta y la forma en que se redactó la pregunta permite identificar, con toda claridad, a las personas a las que la consulta propone investigar penalmente, lo que puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas que ejercieron el cargo de Presidente de la República en periodos pasados», indica el proyecto.
Esto, no sólo afecta a los expresidentes, explica el ministro, sino a las víctimas porque esta violación puede viciar los procesos penales y provocar la ilicitud de pruebas lo cual imposibilitaría a los jueces a pronunciarse para condenarlos por los posibles delitos que cometieron y provocaría impunidad.
-La consulta puede afectar negativamente las funciones de procuración e impartición de justicia, así como el debido proceso.
«La consulta popular no es necesaria para que las autoridades protejan los derechos humanos y persigan, investiguen y sancionen los delitos en que incurra cualquier persona, independientemente de si ésta ejerció el cargo de Presidente de la República», agrega.
Por eso, someter a consulta esta facultad de las autoridades comprometería el adecuado funcionamiento de las mismas, explica.
-La consulta rompe con el principio de igualdad.
El ministro enfatiza en que las leyes deben ser aplicadas de igual modo a todas las personas que se encuentren en una misma situación y los jueces y tribunales no pueden modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma controversia.
Por eso, no está justificado que se pregunte si debe investigarse y enjuiciar a los ex presidentes mientras que con el resto de las personas que cometen delitos no se le da el mismo trato.
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