El ex gobernador de Puebla, Mario Marín, debe de tener un juicio imparcial y un proceso justo tras haber sido detenido por las agresiones a la periodista Lydia Cacho y otras acusaciones, expresó este jueves la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno Federal.
«Volvemos al tema de justicia, de impunidad y de imparcialidad de los tribunales», explicó Sánchez Cordero. «Las cosas se deben de hacer bien desde la fiscalía y desde la integración de las carpetas», añadió. «E inclusive el caso del ex gobernador Marín deben de entrar en esta dinámica. Debe tener un juicio imparcial y que la fiscalía haga su trabajo adecuadamente y que los fiscales también hagan su trabajo», señaló.
El día anterior, Sánchez Cordero defendió la presunción de inocencia ante las acusaciones que ha recibido Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero. «Ayer molestó un poco lo de la presunción de inocencia, pero, si no tenemos este principio constitucional, cualquiera que esté sujeto a un proceso penal, injusta o justamente, lo menos que quiere -y lo menos que la constitución en estos principios le da- es un debido proceso, una garantía de audiencia y una presunción de inocencia. Y si no, pregúntenselo a muchas personas que injustamente han estado procesadas», dijo Sánchez Cordero.
La secretaria de Gobernación habló de las respuestas en redes sociales a sus expresiones. «Aunque moleste y aunque en las redes sociales digan «¡cómo es posible!», tenemos que hacer realidad estos principios constitucionales, y la imparcialidad de los tribunales y la objetividad de los tribunales, porque si no, no podemos avanzar contra la impunidad y en la impartición de justicia. Esto respondo, no sólo el [caso del] ex gobernador (Mario Marín), si no cualquier persona que esté siendo procesada».
A Lydia Cacho se le ofreció una disculpa pública
Sánchez Cordero también recordó su participación como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso. «Yo voté porque si hubo violaciones, incluso tortura psicológica en su traslado. El standard de gravedad en ese momento que establecía la Constitución, -porque hoy en día la Corte ya no tiene la atribución para investigar graves violaciones a derechos humanos- la estableció el caso Aguas Blancas. Obviamente fueron violaciones a sus derechos, hablé de tortura a su persona. El caso tuvo éxito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le brindó una disculpa pública», finalizó.
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