Que Corte defina si prevalece derecho al ambiente o vivienda en Chapultepec: GDF

Esto en relación con el predio de Montes Apalaches 525, donde la inmobiliaria Trepi pretende construir un desarrollo, pese a que la zona tiene valor ambiental

Por Israel Zamarrón

El Gobierno de la Ciudad de México llevará el caso de Montes Apalaches 525 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de que el máximo tribunal defina qué derecho constitucional prevalece: al medio ambiente sano o a la vivienda.

El consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno capitalino, Manuel Granados, dijo que para ello la Corte deberá establecer un criterio que a su vez sirva para otros casos similares en los que están en riesgo áreas verdes por desarrollos inmobiliarios.

“Para nosotros es básico que la Suprema Corte de Justicia pudiera formar un criterio entre dos derechos concurrentes que están consagrados en la Constitución, a la vivienda y al medio ambiente, y que el máximo tribunal sea quien defina cuál es el valor de uno y otro y qué derecho prevalece”, dijo.

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Granados Covarrubias comentó que “tener ese argumento jurídico como precedente que podamos utilizar en los siguientes juicios en los que nosotros tengamos conocimiento, seamos parte, y que eso ayude a la protección de este valor ambiental que, ya ha instruido el Jefe de Gobierno, es la prioridad para el Gobierno de la Ciudad”.

El predio de Montes Apalaches 525 fue expropiado en 1992 por el Gobierno Federal para garantizar la preservación ambiental de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, sin embargo el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa concedió dos amparos a la inmobiliario Trepi para revertir la expropiación y poder construir un conjunto residencial.

Iremos a la Suprema Corte para defender nuestro derecho al medio ambiente, dijo el domingo Granados ante vecinos de la zona que se oponen a las obras en Montes Apalaches 525, a quienes también pidió que se unan a la defensa jurídica del predio mediante juicios de amparo con el fin de que se suspendan los trabajos de construcción.

El argumento que esgrimirá el Gobierno de la Ciudad de México es que el terreno de cuatro mil 799 metros cuadrados, aun antes de que fuera expropiado, ya tenía vocación de área verde, por lo que se debe respetar y preservar ese uso de suelo.

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