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La impunidad en México aumentó en 26 de sus 32 estados en dos años, un problema que crece por el empeoramiento del funcionamiento de la justicia, alertó un informe de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El número de delitos no denunciados sigue en niveles muy altos y creció al pasar de 92.8 % de los crímenes a 93.7 %, es decir, tan sólo siete de cada 100 delitos se denuncian, mientras que la mayoría de los que sí, no llegan a investigarse en el Ministerio Público.
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«Si este ritmo de impunidad continúa deteriorándose a esta velocidad, en dos años es probable que tengamos una falta total y colapso total del sistema de seguridad y justicia en nuestra nación», dijo el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez, en la presentación del reporte «La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018».
El promedio nacional del índice de impunidad pasó de 67.42 puntos en 2016 a 69.85 puntos, de acuerdo con este reporte que toma datos estadísticos y analiza el sistema de seguridad y de justicia a partir de varios vectores.
El caso peor evaluado en 2016 era el suroriental estado de Quintana Roo, que alcanzó un índice de 76.31, mientras en 2018 hay cinco estados que se ubican por encima de este rango.
Son Quintana Roo (77.33), Coahuila (77.88), Baja California (78.08), Tamaulipas (78.88) y el Estado de México (80.06).
En el rango de impunidad alta se ubican los estados de Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Jalisco, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas, Colima, Morelos, Sonora, San Luis Potosí y Chihuahua.
Solo la Ciudad de México (59.54) tiene un nivel de impunidad media y Campeche (45.07) un nivel de impunidad baja.
Por último, el registro obtenido en los estados de Michoacán (66.25) y Nayarit (57.08) se consideraron atípicos, por falta de datos.
La causas
Entre las causas que agudizan este problema, señaló Derbez, está una caída de la cifra de encarcelados por homicidios, de 27,5 % a 17,09 %.
Ello se debe, en parte, al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. No porque este cambio sea negativo por sí mismo, sino por la falta de capacitación de los agentes de justicia.
Así, aunque mejoró la estructura del sistema de justicia, el funcionamiento del mismo empeora.
En seguridad, empeora la estructura pero mejora el funcionamiento, lo que reafirma que infraestructura y funcionamiento están relacionados, por lo que no se reduce la impunidad invirtiendo recursos solo de un lado del problema.
«Se requieren más capacidades institucionales en cada dimensión, pero acompañadas de mejor capacidad para los operadores del sistema», apuntó el informe.
Derbez denunció que hay «falta de voluntad política» y apuntó que todos los partidos políticos han contribuido a este repunte de la impunidad, lo que empuja este «gran deterioro» a nivel nacional.
Es por ello que «la impunidad debe estar en el centro de las propuestas de los candidatos» a las elecciones del 1 de julio, cuando se eligen más de 3.400 cargos públicos, entre ellos el de presidente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de la México y ocho gobernadores.
En el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, también elaborado por la UDLAP, México se convirtió por segunda vez en el país con mayor impunidad de América Latina, situándose en la cuarta posición de 69 naciones de la ONU evaluadas.
