La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el Observatorio por los Derechos Sociales y la Democracia, instrumento que ayudará a establecer mecanismos para monitorear, investigar y prevenir el posible uso indebido o clientelar de los programas sociales en la capital del país por parte de las autoridades capitalinas y las 16 alcaldías.
Este Observatorio estará a cargo del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (EVALÚA) para hacer una eficiente práctica del gasto público, ya que los programas sociales representan la ampliación de derechos y el acceso de apoyos por parte del gobierno para disminuir las desigualdades en la capital.
También puedes leer:
Coloca Semovi 55% de paneles de velocidad
Violencia familiar, delito que más se comete en la CDMX
“A partir de ahora, los programas sociales y EVALÚA van a tener un Observatorio Ciudadano de expertos, expertas, en estos temas que nos van a ayudar a evaluar los programas sociales y al mismo tiempo, a evitar que los programas sociales, las actividades institucionales, acciones institucionales, se conviertan en esquemas de clientela política y compra del voto”, reiteró.
La titular del EVALÚA, Araceli Damián González, destacó que el mecanismo pretende ser un lugar de encuentro para la generación de ideas, conocimiento y recomendaciones en las prácticas de la administración pública, que contribuyan a la consolidación de los derechos sociales y fortalecer el bienestar de los habitantes en la Ciudad de México.
“El Observatorio, que hoy se presenta, busca contribuir a recuperar, consolidar y a ampliar la calidad de nuestra democracia, a través de la promoción de un enfoque de derechos y de trabajo técnico encaminado al fortalecimiento de la política social”, apuntó.
Vigilancia
Explicó que las acciones institucionales en beneficio de la sociedad deben llevarse a cabo para atender contingencias, emergencias o necesidades coyunturales. Por ello, se establecerán, con académicos, activistas e integrantes de organismos internacionales, mecanismos para prevenir y evitar la utilización ilegítima o arbitraria de los programas sociales, particularmente durante los periodos electorales.
“Para reforzar la tarea, vamos a proponer una reforma a la Leyes de Presupuesto y de Desarrollo Social con el propósito de establecer un nuevo esquema regulatorio para las acciones sociales o institucionales”, puntualizó.
