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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una “probabilidad considerable” de perder las demandas de arbitraje que presentó contra las empresas que construyen siete gasoductos en el norte del país, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El organismo de análisis del Consejo Coordinador Empresarial evidenció que la CFE se equivoca al presentar dichos recursos ante los tribunales internacionales de Londres y París; ya que el arbitraje no se emplea para cambiar o renegociar los contratos existentes.
“Normalmente, los arbitrajes en este tipo de contratos se presentan cuando hay diferendos en la interpretación o el cumplimiento de lo pactado; más que para modificar lo convenido.
“De acuerdo con la experiencia, se puede decir que si las partes se van al arbitraje hay una probabilidad considerable de pérdida para la CFE; dada la predisposición de los procesos a favor de la certidumbre en los contratos”, alertó.
Lo anterior, después de que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, señaló –el martes pasado– que la empresa a su cargo “no perderá” las medidas judiciales interpuestas contra TransCanada, IEnova, Fermaca y Carso.
Tales acciones, explicó Bartlett, fueron promovidas en respuesta a los recursos que –primero– interpusieron las empresas; que no han concluido la construcción de los gasoductos y que alegando que el incumplimiento de éstos por “causas de fuerza mayor” exigen una serie de pagos injustificados.
IP responde a director de CFE
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El CEESP respondió a Bartlett Díaz que la decisión de la CFE, de iniciar un proceso internacional de arbitraje, para modificar diversas cláusulas “pactadas” en siete contratos de construcción de los gasoductos, por considerarlas abusivas, generó preocupación en los mercados.
A través de su Análisis Económico Ejecutivo, señaló que los agentes económicos percibieron tal acción como un señal negativa; como una advertencia de que “la administración –de la CFE y el gobierno– no estaba dispuesta a honrar los contratos celebrados con los inversionistas”.
Explicó que algunas cláusulas establecen que, si las obras no se concluyen en el tiempo por causas ajenas a las compañías, de fuerza mayor; que el contratante pudo remediar o mitigar, “la CFE debe pagar parte de la tarifa del transporte de gas acordada, por el tiempo del retraso”.
Sin duda, apuntó CEESP, esto es oneroso; ya que de los siete contratos sometidos al recurso de arbitraje, seis no se han concluido y tienen importantes atrasos; los cuales, de acuerdo con la CFE, costarán 840 millones de dólares, aun cuando los ductos no están terminados y el gas no se surte.
Gobierno pagará por CFE
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El CEESP indicó que, si la empresa productiva del Estado mexicano pierde los arbitrajes y no logra cambiar las cláusulas de los contratos firmados con las constructoras –que a juicio son leoninos–, el gobierno de AMLO tendrá tres problemas:
- Primero, terminaría pagando daños a las empresas.
- Segundo: enfrentaría procesos legales como una controversia inversionista-Estado, en el marco del TLCAN u otros tratados bilaterales de protección a la inversión suscritos por México.
- Tercero: las decisiones jurídicas de la CFE violentan los acuerdos establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ofrecer certidumbre a la inversión.
En este contexto, apuntó el CEESP “la preocupación por el entorno generado por el tema del arbitraje llevó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y al Consejo Mexicano de Negocios, a acercarse a las autoridades con el fin de buscar la mejor solución.
“Ello, toda vez que las acciones de la CFE difieren del espíritu del compromiso establecido con el Presidente de la República para estimular la inversión, el empleo y el crecimiento”, indicó el organismo de análisis del CEE.
Ello, puntualizó, alienta la incertidumbre y frena las inversiones; lo cual abona a las condiciones que mantienen a la economía nacional con un bajo crecimiento; que de acuerdo a los analistas apenas llegará a 1.13% en 2019 y no pasará de 2% del PIB en los próximos dos años.
