Nueve de cada 10 empresas, en esquemas de outsourcing, no tienen posibilidades económicas de contratar –de manera- directa- a todo su personal; como lo exige el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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El líder del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), Armando Leñero, explicó que las compañías afectadas podrían ampararse y promover litigios de anticonstitucionalidad, para defender sus intereses e inversiones.
Al analizar el impacto real del acuerdo firmado entre el gobierno federal, cúpulas empresariales y sindicatos, que prohíbe la tercerización de personal, señaló que esta última disposición desatará una mayor simulación e informalidad laboral.
“Con la eliminación de la subcontratación, muchas empresas tendrán que transitar a ser firmas que contratan por especialización –figura que estaría permitida bajo dicho acuerdo-; sin tener el conocimiento de cómo ajustarse a la iniciativa.
“En otros casos cerrarán y habrá algunas empresas que recurrirán a la simulación para seguir operando; pero sin tener que abrir nuevas razones sociales”, advirtió Armando Leñero.
¿Los trabajadores serán afectados?
El director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, Héctor Márquez Pitol, explicó que el citado acuerdo presidencial –que sería llevado a la reforma que analiza el Congreso, en la materia- pone en riesgo a 4.7 millones de mexicanos que obtienen sus ingresos a través del outsourcing.
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Indicó que sólo 30% de dichos empleados –un millón 410 mil- sería contratado directamente por las empresas; por tratarse del personal indispensable para que éstas sigan operando.
Estimó que 60%, equivalente a dos millones 820 mil trabajadores, pasarían a esquemas sin seguridad social; mientras que el restante 10% -integrado por 470 mil personas- se quedarían desempleados.
“Con ello existirían tres millones 290 mil personas que perderían oportunidades laborales; o se emplearían sin los derechos que marca la ley. Y todo esto, los orillaría al mercado de la informalidad”, dijo Márquez Pitol.
¿Qué impide hacer contrataciones directas?
El especialista de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, Rolando Silva Briceño, explicó que:
- Las contrataciones directas implican una serie de costos y capacidades administrativas, que no tienen las empresas en outsourcing.
- Dicha transición implica invertir en personal de recursos humanos, especialistas en nómina y en áreas de trabajo; que hoy no tienen.
- También requieren –como primera opción- liquidar a los trabajadores; lo cual es muy costoso frente a las secuelas de la crisis del Covid-19.
- En caso de contratar directamente, las compañías tendrían que reconocer la antigüedad de los empleados; con todos sus costos y derechos.
