El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue omiso en atender y dar curso a la solicitud de recursos necesarios para organizar las elecciones locales del próximo 6 de junio en la entidad, para las que se tiene un déficit de 167.9 millones de pesos.
Los magistrados desecharon la impugnación que interpuso el mandatario para oponerse a la sentencia del Tribunal Electoral de Morelos, que le ordenó analizar el requerimiento o en su caso darle curso al Congreso del estado para que se pronuncie sobre esa necesidad de recursos, indispensables para el proceso de relevo de diputados y alcaldes locales.
En enero pasado, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana solicitó a la Secretaría de Hacienda local una ampliación de presupuesto por 243.5 millones de pesos, y en febrero le fueron otorgados sólo 75 millones 534 mil pesos.
Lo anterior, de acuerdo a la dependencia, por la reducción en la captación de ingresos; pidió al instituto electoral sujetarse y usar las economías que generara.
Sin embargo, ante una segunda petición para insistir en la entrega completa de los montos requeridos –es decir los 167.9 millones de pesos restantes-, el Ejecutivo local omitió, como era su obligación, remitir el caso al Congreso, para que en su caso generara las disponibilidades de dinero.
¿Para qué se necesitan los recursos que Cuauhtémoc Blanco negó?
De acuerdo con el Instituto, los recursos adicionales son indispensables para financiar las tareas de cómputo de votos; además de renta de planta de luz, mobiliario y alimentos para el día de la jornada electoral.
También se requieren para pagar personal en consejos municipales y distritales; dar financiamiento a candidatos independientes; cubrir alimentos y pasajes al personal; habilitar las bodegas para el resguardo de paquetes electorales y rentar equipo de impresión y fotocopiado.
Al quedar firme la sentencia del Tribunal local, se dio un plazo al gobernador para, una vez que sea notificado, analizar en ocho días hábiles la solicitud del Instituto o, en su caso, remitirla al Congreso del estado, mismo que también tendrá ocho días para revisar la situación.
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