El Ayuntamiento de Tijuana que encabezó el alcalde Arturo González Cruz, actuó de manera dolosa contra la empresa gasera Blue Propane y se extralimitó de sus funciones, para evitar que esta abriera diez estaciones de gas LP en la ciudad.
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Esto de acuerdo con la modificación de la sentencia de juicio de amparo 1043/2019-VIII, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California.
La resolución del órgano colegiado indica que “La Justicia de la Unión ampara y protege a Es Blue Propane, sociedad anónima de capital variable, respecto de los actos que reclamó al Ayuntamiento y director de Administración Urbana, todos de Tijuana, Baja California»
«Consistente al primero en el acuerdo de cabildo relativo a la sesión extraordinaria de uno de noviembre de dos mil dieciséis, en la que aprobó suspender temporalmente a través de una moratoria la expedición de autorizaciones en materia de usos del suelo que impliquen la instalación y operatividad de estaciones de carburación gas licuado de petróleo en la ciudad de Tijuana”.
La gasera sonorense que en 2016 acusó que fue blanco de una estrategia de ataques que incluyeron la elaboración de reglamentos municipales a modo, creación de falsas organizaciones civiles, intervención del Congreso Local para evitar la inminente apertura de sus diez estaciones en la ciudad fronteriza.
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La sentencia indica que el municipio deberá entregar las constancias de terminación de obra en menos de tres días hábiles, por lo que de no entregar dichos documentos sin causa justificada, el Ayuntamiento y Director de Administración Urbana de Tijuana podrán ser acreedores a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo.
Desde 2016, la empresa gasera Blue Propane ha señalado que en Baja California existe un monopolio gasero que ha violado los principios constitucionales que prohíben la concentración del mercado, y ha denunciado que la familia Zaragoza, dueños de Zeta Gas, Grupo Tomza, Gas Silza y Baja Gas & Oil, han creado una competencia artificial a través de marcas diferentes que son propiedad de los integrantes de la misma familia.
Durante los cinco años de lucha por instalarse en el mercado de Baja California, la empresa gasera tuvo que responder a 179 expedientes entre denuncias y amparos de supuestas organizaciones civiles, autoridades estatales y municipales de Tijuana, en lo que los abogados de la gasera califican como una persecución y un terrorismo judicial que distorsiona el mercado.
“Lo denunciamos siempre: todo se trató de una operación en contra nuestra. La operación para los amparos, las copias y las vueltas para presentarse, toda esa operación fue diseñada por alguien para no permitirnos entrar al mercado de Tijuana y para proteger los intereses de un grupo empresarial”, comentó Alan Jaramillo, abogado de la empresa.
