La situación jurídica del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, será definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien tendrá la última palabra sobre si el mandatario cuenta con fuero o no, pese a que la Cámara de Diputados aprobó la medida, pero el Congreso estatal frenó el procedimiento.
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La Primera Sala de la SCJN, por votación dividida, le dio la razón a la Fiscalía General de la República (FGR), quien manifestó que en mayo el ministro Juan Luis González Alcántara desechó una demanda interpuesta en contra del desafuero avalado por la Cámara de Diputados.
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“Es fundado el agravio de la Fiscalía en cuanto a que la improcedencia de la controversia no es ni notoria ni manifiesta, por lo que se revoca el auto recurrido y se ordena al ministro instructor admitir la demanda de controversia constitucional, salvo que advirtiere un diverso motivo de improcedencia notorio y manifiesto”, resolvió la SCJN, según dio a conocer Milenio.
Después de esto, se procederá a resolver la controversia constitucional que promovió el Congreso de Tamaulipas, por lo que hasta el momento el gobernador no ha sido detenido a pesar de que se giró una orden de aprehensión en su contra por diversos delitos, entre ellos, lavado de dinero.
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La decisión de la Corte determinará si es suficiente que los diputados federales avalen el desafuero de García Cabeza de Vaca o la decisión depende también de los legisladores locales; será así como se resuelva si el mandatario será presentado ante el juez que lo requiere por asociación delictuosa.
También este miércoles se informó que el juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas negó la suspensión definitiva al gobernador para que sus cuentas bancarias fueran liberadas, ya que se acreditó que el bloqueo derivó de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa, deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera (Departamento de Justicia de Estados Unidos), de 4 de mayo de 2021”, señaló el juez.
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En consecuencia, indicó que de liberar las cuentas del gobernador se contravienen disposiciones de orden público, pues el bloqueo deriva de una obligación contraída por México con un gobierno extranjero.