Un grupo de campesinos desplazados liberó a los 51 miembros de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General y la seguridad pública que mantenía retenidos desde hace tres días en Santiago Textitlán, Oaxaca para presionar la resolución de un conflicto agrario, informó este viernes una autoridad estatal.
Las liberaciones se lograron tras los acuerdos a los que llegaron las autoridades con los habitantes del municipio, informó la Secretaría General de Gobierno del estado.
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En la negociación participaron el secretario General de Gobierno, Francisco García López; el Defensor de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, quienes se comprometieron a enviar funcionarios de esas dependencias a la audiencia que tendrán los pobladores el 19 de julio en la Fiscalía General en la que se dará seguimiento a las investigaciones que se abrieron a raíz de los saqueos y quemas de viviendas ocurridas en diciembre pasado en Río Santiago que motivaron el desplazamiento de decenas de campesinos.
Asimismo, la Secretaría de Gobierno y la Defensoría de Derechos Humanos de la entidad acordaron realizar gestiones para buscar financiamientos para el grupo de campesinos y se constituyó una Junta de Conciliación Agraria para solventar el conflicto agrario entre los habitantes de Río Santiago y Santiago de Xochiltepec.
Pasadas las 4 de la mañana los pobladores de Santiago Textitlán abrieron las principales salidas de la localidad y poco después abandonaron el lugar los guardias nacionales y el personal de la Fiscalía General y del gobierno estatal que estaban retenidos, precisó la Secretaría General de Gobierno.
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El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, arribó a Santiago Textitlán para dialogar con los campesinos desplazados. Durante un encuentro con los pobladores, afirmó que a partir de este viernes se debe iniciar una nueva etapa para “establecer la justicia, y esa justicia debe venir acompañada de la paz”.
Más de un centenar de campesinos de Santiago Textitlán mantenían retenidos desde el pasado martes a los uniformados para presionar al gobierno estatal para que se les permitiera el retorno inmediato a la localidad de Río Santiago, de donde fueron desplazados en diciembre pasado tras un confuso incidente en el que desconocidos incendiaron y destruyeron sus viviendas como parte de un conflicto agrario.
Entre el personal retenido estaban 22 guardias nacionales, 11 funcionarios de la Fiscalía General y 18 integrantes de las secretarías de Seguridad Pública y General de Gobierno.
