El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana se publicará un decreto cuyo objetivo es liberar a presos sin sentencia, mayores de 65 años de edad, y a quienes fueron víctimas de tortura.
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El presidente explicó cuáles serán las cuatro poblaciones que se verán beneficiadas por el decreto presidencial. En primer lugar están los detenidos del fuero federal con más de 10 años sin sentencia y que no hayan cometido delitos graves. Les siguen los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, de fuero federal y que no hayan cometido delitos graves, van a ser liberados.
La medida también aplicrá para los adultos mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, que estén en cárceles federales y que no hayan cometido delitos graves. En este grupo poblacional, el presidente destacó que será un procedimiento simplificado y que «Se le pedirá a la Secretaría de Salud los diagnósticos correspondientes».
Finalmente, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado -y que esto se compruebe mediante el protocolo de Estambul- va a ser liberado. «No queremos la tortura. Nadie merece ser torturado. Este punto aplica para los acusados de cualquier delito, y de cualquier edad», señaló AMLO.
Destacó que estas acciones deben ocurrir antes del 15 de septiembre próximo.
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¿Cuántos presos se beneficiarán del decreto de AMLO?
Durante su intervención, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que de los 220 mil 114 personas privadas de su libertad, el 43% (94 mil 547 personas) no cuenta con sentencia.
De ese universo de más de 94 mil presos sin sentencia, 12 mil 358 personas están acusados de delitos federales. Sin embargo, el presidente señaló que aún no se conoce el total de las personas que serán beneficiadas con este decreto.
4 PREGUNTAS CON
Diana Elisa Gómez González, Licenciada en Derecho y Maestra en Política Criminal y Seguridad Pública, coordinadora académica de la División de Ciencias Sociales de la Rectoría en Línea de UVM
¿Qué impacto tiene el decreto que publicará el presidente López Obrador?
Sí tendrá un impacto importante en México, porque tenemos ya muchos años con esta problemática en la que existen muchas personas que viven procesos penales sumamente largos; inclusive de hasta diez años y más. Se supone que, justamente con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, era algo que se buscaba reducir.
En este caso me parece que los números andan arriba de los 15 mil personas que entran en esta hipótesis, simplemente en delitos federales.
¿Qué sucede con la Ley de Amnistía aprobada en 2020? ¿Choca con este decreto o lo complementa?
No chocan. De hecho, me parece que refleja una política del gobierno federal en concordancia con lo que viene trabajando desde la Ley de Amnistía. Porque la ley de Amnistía lo que busca es tratar de poder liberar a personas que han sido encarceladas por cuestiones que tienen que ver mucho con problemáticas de marginación social. Gente que, por ejemplo, está en prisión purgando penas por delitos mínimos de narcomenudeo o de posesión de drogas o de aborto. Mujeres que se ven obligadas a abortar y que viven en la marginación y en la pobreza y que muchas veces eran encarceladas por abortar e inclusive también sus familiares o los médicos que apoyaban.
Creo que la ley de Amnistía está mucho más focalizada a grupos vulnerables. Y en el caso de este decreto que está proponiendo el Ejecutivo federal, pues estaría más bien focalizado en un primer momento a subsanar una falla muy grave que se tiene en nuestro sistema de justicia penal; respecto a que los procesos son muy lentos.
Podemos pensar que, en este caso de las personas que tienen más de diez años, son personas que están en procesos bajo el anterior sistema, porque todavía tenemos personas que siguen siendo procesadas bajo las leyes del anterior sistema, antes de la reforma de 2008.
Hay personas que ya están siendo juzgadas con la reforma después de 2008 y que en 2016 entró en vigor en todo el país. De alguna manera es la forma de tratar de subsanar esas gravísimas problemáticas que se tienen de procesos larguísimos.
Otro objetivo, que también lo que menciona el decreto del Presidente, es la posibilidad de liberar a las personas sujetas a tortura, siempre y cuando se demuestre bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul, lo cual no está contemplado en la ley de Amnistía.
Estas hipótesis que se están planteando en este decreto son distintas a lo que señala la Ley de Amnistía. Tienen una naturaleza diferente y atienden a problemáticas diferenciadas, pero que al final impactan directamente en lo que significa en nuestro sistema penitenciario
P: El presidente informó que el 15 de septiembre sería su fecha límite para lograr los objetivos del decreto. ¿Es una fecha posible? Considerando que la Ley de Amnistía entró en vigor durante 2020 y hasta la fecha las liberaciones han sido relativamente pocas; incluso cuando se presumió que sería una herramienta para combatir el hacinamiento en tiempos de pandemia.
No, me parece que es una fecha completamente irreal, y va a suceder lo mismo que con la ley de Amnistía. Hay un punto importante: la pandemia. La pandemia tiene rezagado el trabajo de los órganos, tanto jurisdiccionales como administrativos, o sea, testá muy paralizado, todo. Entonces, si antes era complicado, ahora más. Y particularmente lo que tiene que ver con el ámbito de la ejecución de sanciones siempre ha estado muy saturado.
Hay una gran cantidad de asuntos que inclusive tú te sorprenderías de personas que ya tendrían que haber salido de prisión porque ya terminaron sus condenas y pueden pasar meses para que siquiera allá tengan su orden de liberación.
Lo veo muy complicado, no es real y creo que sucederá lo mismo que con la ley de Amnistía, que serán casos que irán cayendo a cuentagotas, en cuanto temporalidad.
P: A cinco años de que entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ¿cuál es el corte de caja?
El corte de caja de la implementación es negativo, en el sentido de que la realidad es que los estados no se tomaron en serio el trabajo en la consolidación del mismo y particularmente los órganos de procuración de justicia como son las fiscalías.
Creo que el corte es muy negativo hacia ellos. Ahí es en donde tenemos el área más débil en la implementación. El corte de caja es desigual, porque hay una realidad muy distinta en estados que tuvieron muchos años más para poner en práctica el sistema como fueron en su momento Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, a entidades como la Ciudad de México o Veracruz, que tardaron muchísimo en implementar el sistema y que han tenido poco tiempo para irlo consolidando.
No le han puesto seriedad y recursos a las fiscalías y a las policías. Entonces, mientras eso no suceda, el sistema está condenado a fracasar.
