Con fecha del 2 de septiembre del presente año, la Administración estatal recién concluida, se desistió del procedimiento de extinción de dominio.
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Esto sobre bienes asegurados a exfuncionarios, a quienes se siguió causa penal por diversos delitos en la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.
La Fiscalía General del Estado, declinó la competencia en favor de la Federación, con fecha del 3 de septiembre.
Sin embargo, a la fecha no existe acuerdo por parte de la Fiscalía General de la República aceptando la competencia sobre el caso.
Lo anterior, queda revelado luego de una revisión de documentación que se hizo durante el procedimiento de entrega-recepción.
En tanto, la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado, recibió un oficio de solicitud para levantar el aseguramiento.
De diversos bienes que fueron señalados a diversos exfuncionarios de la administración entre 2010-2016.
Dicho desistimiento se realizó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la acción de inconstitucionalidad 100/2019.
De esta manera se declara la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre ellos la fracción IV del artículo 7.
En la que se sustentaría la acción de extinción de dominio de los presentes casos, la cual establece que procederá cuando existan bienes de origen licito.
Además, el máximo tribunal en el país, durante el desarrollo del juicio civil, establece que los bienes asegurados fueron adquiridos por sus propietarios previo al desempeño.
Del cargo del cual presuntamente hicieron uso para cometer el delito. En consecuencia, no se podría tomar en cuenta el delito de peculado, previsto en dichos expedientes.