La justicia es en una perspectiva social, un concepto muy subjetivo, es decir, lo que para unas personas es justo, puede ser que para otras no lo sea.
Sin duda, la cuestión jurídica se convierte en política, y me refiero a que, el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa, negoció para declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, con lo que logró que le decretaran la pena mínima.
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Es en materia estrictamente legal, que la justicia implica que el juzgado que resuelve aplique estrictamente las normas sustantivas y procesales, que se debieron de haber tomado en cuenta los principios constitucionales y, que se lograra en su totalidad valorar las pruebas aportadas en el expediente.
Este tema, se antoja controversial, dado que el ex gobernador de Veracruz está acusado de cometer diversos delitos en contra de la administración pública, y que definitivamente, tienen repercusión en la sociedad, es uno de los ex gobernadores que más cuestionada ha sido su administración, según datos periodísticos, por monstruosos desvíos de dinero público para beneficio de él y su familia.
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Aunado a que, el ex mandatario expulsado por el PRI en octubre de 2016, deberá entregar sólo 21 terrenos y 20 propiedades -de las 90 que posee en total- porque son las que las autoridades lograron comprobar que fueron compradas por él y sus prestanombres.
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Se destaca que la sentencia a 9 años de prisión y una multa de 58 mil pesos, que se le dictó al controvertido ex gobernador, fue por encontrarlo culpable de cometer los delitos de asociación delictiva y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde se le condenó, además, al decomiso de 41 bienes, de los cuales algunos han sido valuados en 45 millones de pesos en zonas exclusivas de Santa Fe, en la Ciudad de México.
Dicha sentencia se dictó en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en un juicio abreviado, que tiene diversos beneficios en caso de que el acusado se declare culpable, tal como aconteció en el caso que se analiza. De ello, resulta lastimoso que, quienes fueron sus gobernados vean hoy como la política en materia de justicia sólo hace latente la impunidad y la distracción procesal por la forma en que la entidad federativa esté inmersa en la más profunda crisis económica nunca antes vista en ese lugar.
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Esto nos da la gran oportunidad de observar que, no se legitimó el trabajo de los agentes del ministerio público y de los fiscales correspondientes; por lo que es indudable, que debe imperar el estado de derecho, se debe aplicar estrictamente la ley y las Procuradurías Generales de la República y de Justicia del Estado deben integrar debidamente los expedientes y aportar las pruebas que demuestren debidamente la culpabilidad de Duarte, así como que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, deben resolver los procedimientos aplicando con todo rigor la ley penal.
Es importante comentar que, una vez que el ex gobernador sea juzgado por los delitos del orden federal, tendrá que ser procesado por los delitos locales cometidos en el Estado de Veracruz, así que todavía faltan rutas jurídicas que agotarse, mismas que estaremos muy pendientes de sus resultados.