La situación en Venezuela es una de las crisis más alarmantes de los últimos años, el rompimiento del orden constitucional y la descomposición de las instituciones democráticas tienen una secuencia que se remonta a 1998, cuando cansados de la corrupción y decepcionados de los partidos políticos tradicionales, los venezolanos eligieron a Hugo Chávez como Presidente. Al asumir el cargo, Chávez convocó a una Asamblea Constituyente, cuya mayoría ganó su partido, para darle una nueva Carta Magna a Venezuela. Con el pretexto de “refundar la República”, Chávez aprovechó la nueva Constitución para tener un sistema político a su antojo y nombrar a jueces y magistrados fieles a él. De 1999 a 2013, el gobierno chavista puso en marcha programas sociales clientelares con fines electorales. La economía venezolana dependía de sus ingresos petroleros.
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Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro quedó al frente del país ya que fungía como Vicepresidente; se presentó a las elecciones presidenciales contra Henrique Capriles, el chavista ganó apenas por 141 mil votos. Al carecer de legitimidad dentro del chavismo, Maduro optó por reprimir a la oposición pues sus diputados fueron despojados de la palabra y golpeados en la sede de la Asamblea Nacional.
Buscando dar foco al conflicto, la entonces diputada María Corina Machado acudió al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para denunciar la represión del régimen chavista; a su regreso a Venezuela, fue destituida como represalia a su activismo. Así, la oposición venezolana encontró en la comunidad internacional el foro para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos y reforzaron su activismo a nivel internacional.
En 2014, miles de ciudadanos iniciaron manifestaciones contra la inseguridad que vivía el país; colectivos armados afines a Maduro sembraron violencia y asesinaron a casi 50 personas. El régimen chavista responsabilizó a Leopoldo López de instigar a la violencia; por lo que el dirigente opositor se entregó y fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde.
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En 2015, el régimen intensificó su represión contra líderes opositores y contra toda manifestación pública. Al mismo tiempo, el país entró en crisis por la caída de los precios del petróleo. En diciembre de ese año, la oposición salió triunfante de las elecciones parlamentarias obteniendo 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, con una participación del 74.17% del electorado y cientos de observadores electorales.
Antes de perder el cargo, la Asamblea de mayoría chavista aprobó 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sin realizar los procesos constitucionales y con perfiles afines al chavismo. En 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora impulsó la Ley de Amnistía para sacar de prisión a los presos políticos pero el Tribunal Supremo bloqueó al Parlamento e iniciaron las hostilidades institucionales.
La oposición impulsó un referendo revocatorio, basado en el artículo 72 de la Constitución, para sacar a Maduro del poder, pero el Consejo Nacional Electoral, controlado por una mayoría chavista, puso todos los obstáculos posibles para que no se llevara a cabo.
El punto de quiebre fue en marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo quitó la inmunidad a los Parlamentarios y asumió las facultades de la Asamblea Nacional, acto reprobado por la comunidad internacional; la oposición acusó un golpe de Estado. En ese momento, Luisa Ortega, Fiscal General, declaró el rompimiento del orden constitucional en Venezuela; el chavismo inició hostilidades en su contra que la llevaron a exiliarse en el exterior.
Por lo anterior, las manifestaciones reiniciaron en las calles de Venezuela las cuales fueron reprimidas por la Guardia Nacional dejando más de 120 muertos.
En mayo de 2017, Maduro convocó de forma ilegal una Asamblea Constituyente en cuya elección no participó la oposición al considerarla ilegítima. Al ser instalada, asumió poderes plenipotenciarios para usurpar las funciones de la Asamblea Nacional.
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En junio de 2017, durante la Asamblea General de la OEA, en Cancún, se instó al régimen a detener la elección de la Constituyente pero la entonces Canciller Delcy Rodríguez arremetió contra todas las delegaciones.
En enero de 2018, la Constituyente adelantó las elecciones presidenciales que se celebraron el 20 de mayo, y en las que no participaron los partidos de oposición, sin garantías ni observadores; el resultado fue que Maduro arrasó. El 10 de enero de 2019, Maduro juramentó como Presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia usurpando las funciones del Jefe de Estado.
El gobierno ilegítimo de Maduro fue desconocido por países como EU, Canadá, la Unión Europea, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Solamente los presidentes de Cuba, Bolivia, El Salvador y Nicaragua respaldaron el inicio del ilegítimo gobierno de Maduro.
Es por todo lo anterior que la importancia de lo ocurrido el pasado 23 de enero no debe de ser entendido como un golpe de estado en Venezuela. Hay que recordar que “cuando la tírania se hace ley, la rebelión es un derecho”, Simón Bolivar.