Victoria para la oposición

Después de la presentación de una serie de argumentos por parte de la actual oposición de la Cuarta Transformación, el proyecto de la Guardia Nacional obtuvo una resolución, increíblemente, totalmente democrática. El diseño del nuevo cuerpo policiaco integró las opiniones de especialistas en el tema, la sociedad civil, además de senadores y diputados de la oposición, quienes no cesaron de señalar los excesos que esta medida generaría.

Y así sin más, el organismo policiaco enfocado en apaciguar la violencia en el país pasó de un mando puramente militar a uno civil, pero ahí no acaba el aporte de las voces discordantes al sistema, sino que se estableció un plazo de cinco años para regresar al ejército a los cuarteles.

Es un logro en todo sentido, ya que la idea de mantener un cuerpo militar activo en territorio mexicano evocado a la completa seguridad de la sociedad, escondía un matiz dictatorial que bien podría dilucidar las libertades mexicanas. Sumado a ello, la propuesta de modificación del artículo 13 constitucional, que buscaba entregar fuero militar a elementos en activo de la Guardia Nacional, fue anulada.

Ganaron las razones de peso en esta discusión. El mando 100 por ciento civil era la opción lógica para garantizar los derechos humanos, y no es que estos no puedan verse comprometidos con la dirección ciudadana, sino que en manos de ejército la violencia se desataría desmesuradamente al contar con personal preparado para actuar letalmente ante cualquier peligro.

Me sumo a lo destacado por senadores de Acción Nacional al reconocer la ardua labor que la milicia ha desarrollado por más de dos sexenios al enfrentar un problema de carácter civil. Debemos prestar nuestros respetos a la labor de quienes forman parte de este cuerpo que con compromiso actuaron según lo mandatado, pero su presencia permanente en las calles representaba un peligro flagrante.

De acuerdo cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 86% de los detenidos por cuerpos militares denuncian torturas y la respuesta por parte de estas unidades son opacas, actitud derivada de una formación enfocada a la defensa de nuestro país y no a actitudes meramente caprichosas.

Aunado a todo lo anterior, se eliminó la figura de Junta de jefes de Estado, la cual proponía integrar un comité con elementos de las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina, para ser sustituida por una coordinación operativa interinstitucional. Los principios de serán regidos por una doctrina policial y tendrá jurisdicción a todo lo largo y ancho del país. Sin embargo, se buscará fortalecer a las policías estatales y federales de cada entidad.

Para finalizar, el documento aprobado confiere al secretario de Seguridad Pública la obligación de presentar un informe al Senado de las actividades de la Guardia Nacional.

Aún falta que el acuerdo sea aprobado por 17 estados para ser formalmente un hecho, pero sin lugar a dudas es un acierto que sin la crítica pensada en pos de los ciudadanos sería una derrota para las libertades nacionales.