Las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana y desde luego son de gran utilidad, pero también son espacios que ponen en riesgo a nuestra infancia, pues se han convertido en refugio de pederastas e incluso, en detonantes para actos suicidas.
Las tres principales conductas de acoso infantil en redes sociales son: ciberbullying, mensajes ofensivos, burlas, insultos o amenazas; el sexting, intercambio de imágenes con contenido sexual; y el grooming, adultos que interactúan con menores de edad a través de una identidad falsa para obtener información, ganar su confianza y establecer un vínculo con una intención sexual.
Durante el confinamiento por la pandemia del Covid19, los ciberdelitos aumentaron un 14%; se calcula que 20 millones de menores tienen acceso a internet, y de los cuales, 20% fue víctima de ciberacoso; mientras que la pornografía infantil subió un 73%, de acuerdo con la Dirección General Científica de la Guardia Nacional.
Las niñas, niños y adolescentes en nuestro país están creciendo en un entorno de violencia física, sexual, emocional que afecta gravemente su bienestar, así como su sano desarrollo, pues cada vez es mayor el acceso a plataformas digitales, donde los espacios de riesgo son amplios y sin ninguna supervisión.
Considero indispensable promover medidas de prevención y seguridad en la navegación entre padres de familia e hijos, siendo la información y el diálogo herramientas fundamentales. Aunado a la urgencia de fortalecer y acompañar a la Policía Cibernética, así como a homologar sus criterios de actuación.
Lo anterior permitirá definir con claridad las áreas responsables de investigar y de la persecución del delito, para así dar con el agresor, retenerlo sin importar que se encuentre en un sitio distinto al de la víctima, e impulsar programas de sensibilización y capacitación a jueces y Ministerios Públicos.
Si bien las redes sociales han traído consigo un nuevo catálogo de delitos, siguen vigentes la trata de personas, robo de infantes, secuestro y pornografía infantil. La ONU ha señalado que México ocupa el primer lugar en pornografía infantil al generar el 60% del material que circula por todo el mundo.
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Un dispositivo en un manos de un menor le da acceso a un mundo de mayor y más aprendizaje, aunque también lo pone en alto riesgo debido a la falta de filtros y al desconocimiento tecnológico de los adultos, pero sobre todo, permite la impunidad, pues en el actual Sistema de Impartición de Justicia los ciberdelitos no están considerados como tal.
Por eso propondré en el Senado de la República una iniciativa de reforma en materia de justicia, que modifique, homologue y sancionen en todo el país los ciberdelitos, a fin de impedir que las niñas, niños y adolescentes sean presas fáciles de pornografía y turismo infantil; y se prohíba la venta de paquetes de imágenes íntimas (pakcs), con un precio que van desde un peso hasta los dos mil pesos.
Además de insistir en la adhesión de México al Convenio de Budapest, que obliga a homologar la ley en ciberdelitos y que fue emitido en 2001 por el Consejo de Europa con la intención de armonizar la cooperación internacional en la materia.
Los ciberdelitos son una realidad y es nuestro deber hacerles frente con todas las herramientas del Estado mexicano.