El 2 de septiembre los diputados federales aprobaron una iniciativa que expide una nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
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Con ello se eliminó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “por obsoleta y porque genera ambigüedades, conflictos normativos y otros problemas de aplicación”.
Con el voto en contra de la oposición del PAN, PRI, MC y PRD, la nueva Ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente.
Su expedición permitirá actualizar, definir y regular “los procedimientos que permitan sancionar a servidores públicos que han violentado el buen funcionamiento de las instituciones públicas”.
Aprueba sancionar, destituir o inhabilitar a los funcionarios de alto nivel que incurran en violaciones graves a la Constituciones, a las leyes federales o que hagan uso indebido de fondos y recursos federales.
El artículo 35 de la nueva ley indica que “si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión que ha lugar a proceder contra la persona imputada, ésta quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo a la ley”.
Además, en el párrafo tercero del mencionado artículo, se obliga a los Congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso federal, con el fin de evitar casos como el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas señalado por enriquecimiento ilícito por 951 millones de pesos, según documentó la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia documenta la adquisición de restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos, cuentas bancarias que denomina como “caudal de bienes ocultos”, cuyo valor asciende a 951 millones de pesos.
En su solicitud de desafuero ante el congreso, la FGR asegura que el gobernador de Tamaulipas encabezó una organización criminal para lavar dinero a través de licitaciones y acumuló más de 30 residencias, negocios y ranchos.
“Durante el período de 2016 a 2019 el investigado Francisco Javier García de Vaca en su calidad de gobernador del Estado de Tamaulipas, conformó una organización y diseñó un esquema que fue operado desde el interior del propio gobierno de esa entidad con la intensión de beneficiar a familiares y terceros con recursos públicos , a través de licitaciones, para posteriormente dispersarlo , a través de personas morales , socios y beneficiarios directos para blanquear dichos recursos” afirma la FGR.
Conforme con el dictamen de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el desafuero del gobernador tamaulipeco, es procedente por un daño de 6 millones 511 mil pesos al fisco federal, por la venta de un departamento en Santa Fe en la Ciudad de México, que a su juicio acredita el delito de defraudación fiscal sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión.
De hecho, Cabeza de Vaca ya está desaforado a nivel federal, la noche del 28 de abril de 2021, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó quitarle el fuero, pero él sigue gobernando, lo cual es un absurdo.
Por ahora no hay acuerdo sobre la obligación de los congresos locales de acatar desafueros provenientes de las cámaras de Senadores y de Diputados, tal como ha ocurrido con el caso del Gobernador de Tamaulipas cuyo congreso estatal evitó que se le retirara el fuero para que siga gobernando con el apoyo del poder legislativo, del poder judicial del Estado, y por las tanquetas que puso afuera de palacio de gobierno.
Diversos legisladores del bloque opositor acusaron que la nueva ley es un instrumento aprobado “por consigna”, “para la persecución política”, con “venganza y revanchismo” y “solo para perseguir a los adversarios políticos”.
La bancada panista considera que debe ser la legislatura estatal la que decida si le retira o no el fuero al gobernador tamaulipeco.
Po su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aclarar y resolver el caso de desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sin que haya ambigüedades.
Los senadores de oposición argumentan que así como está la minuta que envío la Cámara de Diputados trastoca el federalismo y violenta la Constitución Política.
El próximo martes se llevará a cabo la discusión y en su caso aprobación de la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia con el propósito de que ésta reforma no termine en los tribunales y judicializada.
Tal como se hizo con la Ley de Revocación de Mandato, se procura lograr acuerdos con PAN, PRI, MC y PRD, en torno a esa minuta, para cumplir con nuestra obligación Constitucional de actuar como Cámara revisora y evitar que la ley se judicialice, evitar cualquier inconsistencia que diera lugar a una controversia o acción de inconstitucionalidad.
Cualquier modificación que se haga, implica que la minuta deberá regresar a la Cámara de Diputados.
El Bloque Opositor insiste en que se vulnera la autonomía de los congresos locales, al obligarlos a acatar las resoluciones que tome la Cámara de Diputados, en torno al desafuero de gobernadores.
La Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia no parte de un ánimo de venganza o persecución política contra algún gobernador o servidor público que dispone de fuero.
Buscamos construir una ley de consenso, por el bien de todos.
Lo más importante ante las distintas posturas es que la oposición dice que se rompe el pacto federal por estas modificaciones a la Ley, mientras que nosotros decimos que no se rompe el pacto federal.
Queremos que aquellos gobernadores, que se creen virreyes, no operen con impunidad en los congresos de sus estados y poderes judiciales.
Prueba de ello es que, diputados locales han modificado la Constitución de Tamaulipas para proteger al gobernador después de que termine su cargo con seguridad de por vida, como escoltas y vehículos oficiales con cargo al erario del estado “por la función que desempeñó al combatir la delincuencia organizada”.
Estos cambios fueron avalados con 25 votos a favor de los Diputados locales del PAN y sus aliados del PRI y MC contra 5 de Morena.
Lo dicho, tanto el gobernador como el Congreso estatal, ponen en crisis el pacto federal y se comportan como verdaderos virreyes.
Entretanto Morena ha formulado un nuevo llamado a la Suprema Corte de Justicia, a fin de que resuelva la controversia constitucional presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Congreso de Tamaulipas, por su negativa a acatar la resolución de la Cámara de Diputados de quitar el desafuero al gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, para que pueda ser juzgado.
Lo que el máximo tribunal debe definir es si el Congreso local puede negarse a acatar una resolución de la Cámara de Diputados, que ordenó quitar el fuero a García Cabeza de Vaca.
Lo anterior repercute también en la negociación de la Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, que se aprobó ya en la Cámara de Diputados y discutiremos el próximo martes en el Senado.