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En gobierno de AMLO, 18 mil denuncias contra funcionarios más que en cierre de Peña

El crecimiento de este registro evidencia la facilidad con la cual cometen infracciones los trabajadores gubernamentales, consideraron especialistas

Las denuncias contra servidores públicos ascienden a 75 mil 591 durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cifra superior en 31.5% a lo registrado en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto —57 mil 475 denuncias.

Del total de carpetas de investigación iniciadas por posibles delitos de funcionarios en la gestión de AMLO, 63 mil 236 pertenecen al fuero común y 12 mil 355 al fuero federal, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el cierre de la presidencia anterior la cifra se dividió en 46 mil 967 del ámbito local y 10 mil 508 del federal.

Este aumento en el número de denuncias contra trabajadores del gobierno se debe al discurso anticorrupción de López Obrador, el cual estimula a acusar una falta cuando se observa, sin importar su no correlato en la realidad, explicó en entrevista Raúl Benítez Manaut, miembro del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

Por el contrario, agregó, con Peña Nieto la ciudadanía identificaba una atmósfera de corrupción desincentivadora de la denuncia de delitos, a pesar de la gran cantidad de estos, pues pensaban que nadie hacía caso.

“Ninguno de los dos presidentes actuó ni actuará, porque con el presidente Andrés Manuel López Obrador es lógico pensar que su ruta de acción va a ser la misma de los primeros tres años, enérgicamente contra la corrupción. No atienden realmente las denuncias de los ciudadanos”, aseveró el investigador.

Al alza con constancia

Desde 2015, año en el que el SESNSP comenzó con la distinción de delitos cometidos por servidores públicos en el fuero común, se observa un incremento progresivo del registro, excepto por una ligera disminución en 2020 —periodo en el cual las actividades se redujeron tras la pandemia de Covid-19.

En los primeros 12 meses de dicho listado se matricularon 16 mil 401 carpetas de investigación; para 2016 la cifra subió a 18 mil 46, y un año después se llegó a 18 mil 766. En 2018 se interpusieron 20 mil 663 denuncias contra funcionarios.

El aumento más significativo se dio en 2019: 26 mil 274 acusaciones. Luego, en el año del inicio de la pandemia, vino una pequeña disminución: 25 mil 714 imputaciones. Hasta el 30 de noviembre de 2021 se tienen 23 mil 603 carpetas de investigación por posibles infracciones de servidores públicos.

Este notable crecimiento refleja un importante problema en términos de la responsabilidad de los trabajadores gubernamentales, indicó a Publimetro Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y no es que se denuncie más, sino que hay más abusos, dijo, pues los recursos jurídicos para presentar acusaciones existen desde administraciones pasadas.

“El dato no es de ninguna manera positivo. Yo diría que, en todo caso, hay más abuso por parte de los funcionarios. Y eso, evidentemente, crea un ambiente negativo en términos de lo que significa ser servidor público”, señaló el especialista en Seguridad Nacional.

Benítez Manaut, a su vez, consideró que el referido incremento demuestra la facilidad con la cual en México se roba, extorsiona o entrega contratos sin licitación, por ejemplo; hechos visibles ante la gente, pero impunes.

“En primer lugar, es falta de voluntad política (el aumento de las denuncias contra funcionarios). Y, en segundo lugar, es parte de la operación del sistema político, de la administración pública. O sea, la operación cotidiana está acostumbrada a funcionar con irregularidades”, apuntó.

Imperan los delitos del ámbito local

Siempre son más las denuncias de delitos del fuero común —los que afectan directamente al individuo y corresponden a las fiscalías locales—, no obstante, no significa que haya más corrupción en las autoridades estatales o municipales, explicó a este medio Arturo Cossío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM.

El fenómeno ocurre porque es más fácil enfrentarse a un procedimiento legal del ámbito local, por ejemplo, cometer una infracción de tránsito o una falta administrativa, abundó el abogado penalista.

Durante el gobierno de AMLO, los tres estados con más denuncias contra funcionarios por delitos del fuero común son Ciudad de México (15 mil 891), Estado de México (10 mil 902) y Nuevo León (6 mil 752).

La tendencia es la misma en los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, sin embargo, con menor número de carpetas de investigación matriculadas: Ciudad de México con 11 mil 437, Estado de México con 8 mil 509 y Nuevo León con 5 mil 967.

“Siempre son más los delitos denunciados en el ámbito local que en el federal. Puede que haya más trámites o más servidores públicos en términos generales de los que hay en la federación, sobre todo cuando tenemos una administración que opta por una austeridad republicana, que se ha traducido en recorte de personal; entonces tenemos hasta menos funcionarios (federales) que antes”, subrayó Cossío Zazueta.

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