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Denuncian ilegalidad en plan de austeridad propuesto por el Gobierno Federal al INE

El Gobierno Federal presentó un plan de austeridad para que el INE cumpla con la revocación de mandato, pero propone recortes ilegales, según especialistas

El Gobierno Federal presentó este jueves un plan de austeridad al INE, diseñado por la secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el que -de acuerdo a los cálculos federales- el INE podría ahorrar hasta dos mil 972 millones de pesos para realizar la consulta de Revocación de Mandato. Sin embargo, especialistas consultados por Publimetro señalan que propone recortes fuera de la ley y fuera de lo dictaminado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El análisis fue solicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se recupera tras su contagio de Covid-19, y fue presentado en la conferencia de prensa matutina de este martes por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

“De manera respetuosa elaboramos al Instituto Nacional Electoral, en su carácter de órgano autónomo, un plan de austeridad para garantizar en términos económicos que la revocación de mandato pueda llevarse a cabo tal y como la Constitución lo obliga”, comentó López Hernández.

Gobierno Federal propone 3 etapas para conseguir recursos; recortar sueldos, la primera.

El plan de austeridad elaborado por el Gobierno Federal propone ahorros en tres rubros: sueldos y salarios, gastos de operación y fideicomisos.

En la primera etapa contempla un ahorro de 718.8 millones de pesos en cuanto a sueldos y salarios. Se proponen cuatro acciones: un nuevo tabulador de sueldos y salarios brutos para los servidores públicos, el cual daría un ahorro de 130.3 millones de pesos y que considera mil 336 plazas, que van desde director de área hasta el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova.

La acción que ocupa el segundo lugar es un ajuste a estímulos al personal, (bonos por apoyo en elecciones) que dejaría ahorros por 150 millones de pesos. En tercer y cuarto lugar contempla las cancelaciones del Seguro de Gastos Médicos Mayores (con lo que se ahorrarían 131.6 millones de pesos) y del Seguro de Separación Individualizada, con el que se ahorrarían 306.9 millones de pesos.

Segunda etapa: recortar teléfonos, viáticos, y papelería

En la segunda etapa del plan de ahorro, que consiste en ajustar el presupuesto de los gastos de operación, el Gobierno Federal considera que el INE puede ahorrar hasta 1384.5 millones de pesos.

Para lograr esa cifra se canalizarían a la Revocación de Mandato 830 millones de pesos extras que tiene el Instituto. Además, el Gobierno Federal considera que el INE puede ahorrar 554.5 millones de pesos recortando el gasto en áreas como telefonía celular, equipo de telecomunicaciones, combustibles, bienes informáticos, arrendamientos, papelería, viáticos y pasajes, congresos y convenciones, alimentación, consumibles de equipo de cómputo.

Tercera etapa: fideicomisos

El INE cuenta con dos fideicomisos cuyo saldo al 30 de septiembre de 2021 ascendió a mil 360.4 millones de pesos. Sin embargo, se estima que al cierre del ejercicio se tengan disponibilidades por 868.7 millones de pesos.

El primero es el fideicomiso “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral” cuyo saldo al 30 de septiembre pasado fue de 533.9 millones de pesos y del que se estima que habían 125.6 millones de pesos disponibles al cierre de 2021.

El segundo fideicomiso es el “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, cuyo saldo al 30 de septiembre era de 826.5 millones de pesos y del que se calculan 743.1 millones de pesos disponibles al cierre de 2021.

Con austeridad republicana, el dinero debe de alcanzar: López Hernández

El secretario de Gobernación explicó que esta “respetuosa propuesta” al INE no es la respuesta a alguna petición que hecha por el Instituto Nacional Electoral para tener una ampliación presupuestal.

“La resolución del Tribunal Federal Electoral obliga al Instituto Nacional Electoral a hacer una revisión presupuestal, a tomar las previsiones necesarias y en todo caso tiene la facultad de solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación de recursos presupuestales para el ejercicio de revocación de mandato y a la Secretaría de Hacienda de manera vinculativa le señala que estará obligada, si llega la solicitud, a dar una respuesta fundamentada de la razón de la misma”, consideró el secretario.

López Hernández añadió que “el presupuesto público de la federación está muy comprometido, hay que garantizar los programas sociales, hay que garantizar el gasto en salud, el gasto en educación. Y también hemos analizado que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos”.

“Si se hacen ejercicios como este de austeridad republicana, pues el dinero debe de alcanzar”, concluyó el funcionario.

A la vez, en su intervención, Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública, comentó: “La austeridad republicana es un modo de vida democrático sustentado en el interés general y en la sobriedad de la vida pública. Si se adopta como una política de Estado ampliándose también a los órganos gubernamentales independientes del Ejecutivo, la austeridad republicana tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se utilicen con el objeto real de lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares”.

4 PREGUNTAS CON

Arturo Sánchez, profesor - Investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey y Ex-Consejero Electoral del INE

¿Qué lectura da al plan de austeridad para el INE, presentado en la mañanera?

En primer lugar, lo que me parece una aberración es la forma. Hay muchos canales de diálogo entre el INE y las diversas autoridades, en donde se podría haber discutido con mucha claridad las diferentes razones y posibilidades de hacer recortes al INE desde el punto de vista de gobierno. En lugar de hacer eso, se hace públicamente en una mañanera,  una exposición, sin que el INE tenga ninguna posibilidad de explicar o razonar -aunque ya lo ha hecho antes- sobre la viabilidad de las propuestas que se hicieran.

Me parece muy alevoso por parte del gobierno que, en lugar de buscar un diálogo y tratar de encontrar una solución, hace pública una serie de datos que mienten en sí mismos, que no son fieles a la realidad y que además no son legales en términos de las propuestas que se hacen.

En segundo lugar, por lo que toca a los fideicomisos, el Tribunal fue muy claro y dijo que el INE debía ajustar su presupuesto, pero respetando los derechos laborales, las prestaciones de los trabajadores y las obligaciones legales que tiene el Instituto.

Bueno, pues esos fideicomisos están planteados con objetivos claros, legalmente establecidos y tienen que ver con servicios que presta el INE para, por ejemplo, los módulos de atención a los ciudadanos que solicitan su credencial. También para los recursos que se requieren entre el INE y los trabajadores en términos de las prestaciones que están establecidos en la ley, como son sus retiros y sus liquidaciones. Otro fideicomiso fue establecido para evitar -en el mediano plazo- pagar rentas y construir en propiedades del instituto los edificios que se requieren para poder desempeñar sus funciones.  Entonces esos fideicomisos no se pueden tocar y el gobierno lo sabe. Sabe perfectamente que no se puede tocar ese dinero y sin embargo, alevosa y tramposamente, propone hacerlo.

Reducir salarios es simple y sencillamente atacar directamente uno de los derechos laborales de los funcionarios del instituto y que se refiere al dinero que ganan los consejeros electorales. Ya está por demás demostrado que reducir sus salarios a cero no resolvería ni en un 1% el dinero que se requiere para resolver el problema de la revocación de mandato.

Además, reducir salarios del personal del instituto, creo que es una propuesta que apunta directamente contra los derechos laborales de cualquier trabajador, no nada más en el INE, sino en cualquier lugar de la República. Hacerlo así -además de violatorio de la ley- es desacatar lo que dijo el Tribunal en el sentido de que no se debieran hacer recortes que atentan contra los derechos laborales de los trabajadores.

La propuesta que se hace en la mañana no toma en cuenta los recortes que ya hizo el INE. Por eso, lo que solicita a la Secretaría de Hacienda, no son los tres mil millones originales que costaba la revocación de mandato, sino mil 734 millones de pesos.

¿Qué respuesta puede dar el INE al respecto?

Yo creo que no. Yo no creo que en el INE haya alguna respuesta al respecto. Como dijo el secretario de Gobernación, es una propuesta. Él dice respetuosa y pues ya sabrá lo que hace.

Lo que el INE, de acuerdo con lo que acordó ayer, debe hacer es enviar la solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Hacienda tendrá que contestar a la brevedad, fundamentando y motivando sus razones. En consecuencia, cuando esa respuesta se dé, el INE tendrá que acordar la forma  y con qué recursos haya quedado la consulta popular.

Me parece que, por lo pronto, la majadería que hicieron con hacer una propuesta de recorte dentro del INE -con propuestas ilegales que atentan contra los derechos de los trabajadores- no debe ser tomada en cuenta hasta que la Secretaría de Hacienda responda.

¿Está en peligro la realización de la Consulta de Revocación de Mandato?

No. La consulta popular -y el INE lo ha dicho en reiteradas ocasiones- se va a realizar. De hecho, lo dijo claramente el consejero presidente: “la revocación de mandato va y nadie tiene dudas de que se va a realizar”.

El problema es cómo y si se quiere hacer responsablemente, con los procedimientos que marca la ley y atendiendo a todos los requerimientos que se establecen tanto por la Corte como por el Tribunal Electoral, se requieren recursos. Si no hay recursos, como también se estableció, nadie está obligado a lo imposible. Y entonces el INE encontrará una forma de hacerlo, ya sea encontrando más recursos en sus economías o viendo otra forma, como se hizo en la consulta popular del año pasado y poniendo menos casillas y demeritando la calidad del proceso.

Supongamos que en realidad estuviera en riesgo la permanencia del Presidente de la República. Sabemos que eso no es cierto, que es un capricho presidencial solamente para enorgullecer su ego y hacerse sentir que el pueblo está con él. El pueblo ya dijo que estaba con él cuando votó en el 2018. No se requiere porque el ejercicio está encaminado a revocar su mandato. Pero, supongamos -por un momento- que si estuviera en riesgo la permanencia del Presidente de la República. ¿Sería válido hacer un ejercicio de revocación sin recursos, sin todas las de la ley, sin todas las casillas necesarias, impidiendo que el pueblo se exprese claramente en cada uno de los lugares?.

A mí me parece que ese es el precedente grave que está sentando este gobierno y por lo tanto, que no entiende lo que es la democracia y mágicamente y quiere deliberadamente dañar a las instituciones que han fortalecido la democracia en nuestro país.

¿Opciones como que las encuestadoras hagan la consulta no son válidas?

No tienen cabida porque eso no está en la ley. Si el presidente quiere hacer esas encuestas, pues que el pago de esas encuestas lo haga como se le dé la gana y haga su propio ejercicio. Pero la ley que el propio Morena impulsó en la Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores, obliga a ir a otra cosa, no a las encuestas. Obliga a poner 161 mil casillas y con el dinero que hay solamente se podrían poner aproximadamente -según dicen los consejeros electorales y el consejero presidente- 60 mil casillas. Ese es el verdadero problema. Si se puede hacer una revocación de mandato, pero no como lo dice la ley, si obligan al INE a hacerlo sin recursos.

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