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Este miércoles entra vigor ley que castiga hasta con 7 años de cárcel la toma de casetas

La reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación no solo castiga toma de casetas, también el daño de vías y medios de transporte

Este miércoles entra en vigor la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) que castiga hasta con siete años de prisión a quienes dañen, perjudiquen o destruyan vías o los medios de transporte, o que tomen casetas para obtener un lucro interrumpiendo el tránsito.

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el decreto fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y modifica el primer párrafo del artículo 533 de la LVGC, que establece:

“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.”

La reforma fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a partir del miércoles. Aclara que quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al decreto.

El costo de la toma de casetas

La toma de casetas de peaje por parte de grupos sociales, pero también por la delincuencia organizada, derivó en pérdidas por cuatro mil 121 millones de pesos en 2020 para el Gobierno Federal, informó el secretario de Comunicaciones y Transportes (STC), Jorge Arganis, en octubre del año pasado.

El año de 2020 el monto de pérdidas por la toma de casetas ascendió a cuatro mil 121 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera: Fonadin, que opera Capufe, mil 526 millones de pesos; la concesionaria Ideal, dos mil 371; la concesionaria RCO, 62.6; la red propia de Capufe, 154 millones de pesos; y el paquete Michoacán, allá en Aguililla, de 5.9 millones de pesos

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