Aunque la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador logró quedar viva tras la votación de siete de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), empresas del país e internacionales preparan ya una serie de amparos, debido a las pérdidas que registrarían por cerrar el mercado para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Si bien la reforma a la LIE no pudo ser frenada por los votos de los ministros de la Corte la semana pasada, tampoco pudo ser declarada como constitucional, como lo propuso la ministra ponente, Loretta Ortiz, quien defendió el proyecto de AMLO, por lo que especialistas anticipan un bloque de recursos legales para que se vuelva a revisar a fondo la normativa.
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De acuerdo con especialistas del sector energético, los amparos que se promoverán en los próximos meses serán por decenas, debido a que varios corporativos firmaron contratos hasta 2030, los cuales están tasados por varios millones de pesos, además de que se crea un monopolio con la CFE al centralizar todos los recursos que se generar para el sector eléctrico.
Tenemos que dimensionar el problema, primero tenemos que varias empresas demandarán por el incumplimiento de contratos con el gobierno federal que se pactaron durante varios años, así como de amparos
— Precisó Ernesto Quiñones, especialista de energía por la Universidad Nacional Autónoma de México.
De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien impulsa esta normativa, la LIE servirá para fortalecer las hidroeléctricas de todo el país y se garantizará el suministro de energía a los ciudadanos del territorio mexicano, pues sentenció que la reforma de 2013 sobre este sector benefició a empresas extranjeras y dejó vulenrable a la CFE.
No obstante, despachos de abogados en Ciudad de México declararon que la decisión de la SCJN generó más dudas que respuestas sobre qué pasará con el mercado eléctrico en México, por ello, perfilan una “lluvía de amparos”.
Será un escenario de un tira y afloja entre el gobierno de México, particulares y empresarios, pues ahora sabemos que la decisión de la Corte generó mucha incertidumbre entre los que participan en el mercado, además se tendrán que definir los artículos que se reservaron o rechazaron para una consideración posterior.
— Expuso el colegio de abogados de México.
Y es que el siguiente paso se dará en los juzgados especializados en competencia y los tribunales colegiados. Estos tomarán la decisión de otorgar los amparos para decidir a quién le serán aplicadas o no las reglas que marcan este cambio a la legislación aprobada por el Congreso el año pasado, pero hasta ahora detenida en tribunales.
A esto se le sumará que las compañías participantes del mercado presentaron amparos después de que el Congreso avaló la reforma. La mayoría obtuvo suspensiones provisionales o definitivas, lo que detuvo de manera temporal la entrada en vigor de los cambios, pero las decisiones de fondo no han sido tomadas.
Los abogados explican que mientras que antes las suspensiones se otorgaban de manera general, ahora se ha entrado en un proceso en que los casos serán resueltos de manera muy particular y tomando en cuenta la singularidad de cada uno de los que han pedido ser declarados como afectados.
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¿Cuántos amparos se han interpuesto hasta ahora?
Desde que se dio a conocer la Ley de la Industria Eléctrica, varias compañías iniciaron amparos, incluida la Cofece; sin embargo, no se sabe con exactitud cuántos existen hasta el momento.
Organismos de la sociedad civil, como la ambientalista Greenpeace, se han pronunciado en contra de la reforma, pues considera que se prioriza la generación de energía en el país a través de procedimientos que contaminan al medio ambiente.
La reforma, enviada desde presidencia en los primeros meses del año pasado, quiere, entre otras cosas modificar la forma en que se despacha la energía eléctrica para poner al inicio de la fila a las hidroeléctricas y pretende poner a revisión los contratos otorgados a los privados durante administraciones pasadas, bajo las figuras de autoabastos o Productores Independientes de Energía.
Estos dos incisos, considerados como las partes más álgidas de la reforma a la LIE, fueron los que lograron la mayor cantidad de votos en contra.
- ¿Qué buscaba la acción de inconstitucionalidad que presentó el Senado y que desecharon los ministros de la Corte?
Habría obligado al gobierno federal a respetar las reglas del mercado y esperar a la aprobación de su reforma constitucional para cambiar la dinámica marcada por la reforma de 2013.
La decisión de la Corte no estaba involucrada con determinar qué tan buena o mala era la reforma y su contenido, sino tenía como finalidad definir si ésta no chocaba con los principios de la Constitución.
