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Abogado cercano a Adán Augusto López, nuevo fiscal del caso Ayotzinapa

Rosendo Gómez fue subprocurador de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el gobierno de López Obrador

Ayotzinapa: nombran a Rosendo Gómez como nuevo fiscal especial

Luego de la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal especial para el caso Ayotzinapa, el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, nombró a Rosendo Gómez Piedra como nuevo encargado de esa comisión, designación que ocurre en medio de varias acusaciones que hizo Gómez Trejo sobre la intervención del fiscal general para obstaculizar la investigación.

También resalta que Rosendo Gómez ocupó un alto cargo en la administración pública de Tabasco, esto durante los poco más de dos años de gubernatura de Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación, ya que fue presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno.

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El País consideró que como nuevo titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), Gómez Piedra enfrenta un panorama complicado por los movimientos que han ocurrido al interior de la FGR.

Previo a su nombramiento, se desempeñaba como comisionado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar federal. También podría considerarse que es cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que de 2000 a 2006, cuando el mandatario fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue subprocurador en la Procuraduría General de Justicia, bajo las órdenes de Bernardo Batiz.

“A mediados de agosto, Gertz Manero ordenó a personal de la Fiscalía de Asuntos Internos que tomara una de las patas de la investigación, el proceso contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, primer encargado federal del caso Ayotzinapa, entre finales de 2014 y principios de 2015. La ocupación de la UEILCA estuvo motivada por una diferencia de criterios sobre la celeridad con que debía llevarse el caso de Murillo ante el juez. Gertz insistía en que debía hacerse de inmediato y Gómez Trejo pidió un mes para preparar la consignación y las audiencias”.

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A eso se sumó que la FGR ordenó cancelar más de 21 órdenes de aprehensión de las 83 que consiguió la UEILCA contra presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, varias de ellas contra militares.

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