La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga a Tomás Zerón, exdirector en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por la compra irregular del equipo de inteligencia “Pegasus” por casi 457 millones de pesos si que existiera ninguna justificación para su adquisición y sin que hubiera licitación pública.
“Además, se detectó el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional. En dicha investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa”.
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En esta carpeta de investigación también se investiga a otros exservidores públicos, de los que aun no se puede revelar su identidad debido a la parte del proceso judicial que se lleva a cabo.
La otra carpeta corresponde al delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas, de las que fueron víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
De esta investigación, el 26 de agosto de 2021, la FGR ejerció acción penal en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones, por lo que se le considera coautor material de dicho hecho delictivo.
Juan Carlos García es un empresario vinculado a la empresa Proyectos y Diseños VME y al grupo K.B.H, compañías enlistadas por el gobierno mexicano como parte de las empresas “fachada”.
“En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión”.
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Fue en noviembre del año pasado cuando Juan Carlos García fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial. Días después fue vinculado a proceso, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones.
“En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”.
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