Con descripciones de reuniones en un lavado de autos y en la casa de campo de un capo, un narcotraficante testificó este lunes que le pagó millones de dólares al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna por ayuda que incluía información del gobierno estadounidense sobre un enorme cargamento de cocaína en México.
Óscar Nava Valencia, conocido como “El Lobo”, dijo que los pagos realizados a García Luna también tenían el objetivo de asegurar protección en un momento en que un cisma en el Cártel de Sinaloa estaba por provocar una guerra entre narcos.
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García Luna y un agente policial de alto rango dijeron que iban a apoyar al grupo de Nava Valencia, declaró éste al jurado del juicio federal a García Luna en Estados Unidos por tráfico de drogas.
García Luna está acusado de aceptar millones de dólares para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
Los abogados del acusado no tuvieron la oportunidad de realizar preguntas a Nava Valencia, pero alegaron que el caso está fundamentado en mentiras de delincuentes que defienden sus propios intereses.
García Luna se declaró inocente, y sus abogados señalaron que el exfuncionario federal mexicano trató seriamente de combatir el narcotráfico y que está siendo abandonado por el gobierno estadounidense, que alguna vez lo consideró un socio.
Nava Valencia, que en ocasiones es conocido como “El Lobo” Valencia, se declaró culpable hace años por asociación delictuosa para traficar cocaína. Solía encabezar el cártel mexicano del Milenio.
Esa organización tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa durante la época en que lo dirigía el famoso capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyo reciente juicio en Estados Unidos incluyó testimonios sobre presuntos pagos a García Luna.
Nava Valencia les dijo a los miembros del jurado que pagó 5 millones de dólares a García Luna y a otros funcionarios de alto rango del gobierno mexicano para tratar de liberar un contenedor que llevaba 10 toneladas de cocaína colombiana luego de que en 2007 fue incautado en el puerto mexicano de Manzanillo, en la costa del Océano Pacífico.
Los narcotraficantes no recuperaron la droga. De hecho, días después se incautó otro contenedor de 10 toneladas, y las drogas fueron incineradas, según Nava Valencia.
Un mes después, durante una reunión en la casa del capo del cártel, ubicada a las afueras de Cuernavaca, Morelos, García Luna dijo que no había podido intervenir porque el gobierno estadounidense y los infantes de Marina mexicanos habían estado involucrados en la incautación, comentó Nava Valencia.
Pero señaló que después García Luna les entregó un documento que mostraba que el gobierno estadounidense sabía sobre el cargamento y sus orígenes, información que los traficantes mexicanos utilizaron para persuadir a sus proveedores colombianos de que el problema había sido responsabilidad de sus paisanos. Esto ayudó a que los proveedores no les cobrara 50 millones de dólares por reembolso, declaró Nava Valencia.
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Nava Valencia relató una segunda reunión en persona con García Luna algún tiempo después, en medio de una división interna en el Cártel de Sinaloa. A la larga Valencia se alineó con la facción de Guzmán, la cual temía que sus aliados convertidos en adversarios se dedicaran a informar a las autoridades con el fin de que la policía acosara a sus nuevos rivales.
Valencia explicó que ellos iban a enfrentar operativos e investigaciones, y querían tratar de frenarlos.
Señaló que él y sus socios pagaron 500 mil dólares para poder reunirse con García Luna, y otros dos millones 500 mil dólares cuando el secretario de seguridad se presentó a la reunión en una oficina ubicada encima de un lavado de autos en la ciudad de Guadalajara. Fue entonces cuando, según Nava Valencia, García Luna y el agente de policía que lo acompañaba se comprometieron a apoyarlos.
García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de 2001 a 2005, y luego fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012. Dejó su cargo gubernamental y se mudó a Miami en 2012. Fue arrestado en Texas en 2019, y desde entonces está detenido sin derecho a fianza en una prisión federal.
García Luna podría pasar décadas en prisión si es declarado culpable de narcotráfico y de participar en actividades delictivas.
