El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, también conocida como “Plan B” y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre.
El INE afirma que está controversia se presentó porque las modificaciones legislativas que se plantearon en el decreto vulneran la autonomía del instituto, su capacidad para ejercer las funciones que tiene asignadas y desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda.
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“Los servidores públicos deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda; la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado”, expuso el INE
Sin embargo, la reforma que se probó desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, con el pretexto de ejercer su libertad de expresión, pero esto contraviene el derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.
“El decreto contraviene el modelo de comunicación social y propaganda gubernamental establecido en el artículo 134 Constitucional, con lo cual se impide al INE ejercer su función de salvaguardar, entre otros principios, la imparcialidad y la equidad en la contienda”.
Finalmente, el INE dijo que los diputados de Morena cometieron un “evidente fraude a la ley” para que a la propuesta de López Obrador se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.