A fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objetivo de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, fue avalado con 86 votos y enviado al Ejecutivo federal para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispongan de lo necesario, con la finalidad de establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites como:
- Licencias y permisos para conducir
- Pasaporte o documento de identidad y de viaje
- Participar como candidato a cargos de elección popular
- Participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal
- Trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles
- La constitución o transmisión de derechos reales
Para entender el contexto: Ley Sabina, iniciativa contra deudores alimentarios y la omisión de los progenitores
También se requerirá dicho certificado en las solicitudes de matrimonio, situación en la que la persona oficial del Registro Civil deberá hacer del conocimiento de los contrayentes, si alguno se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Además, se prevén medidas de restricción migratoria, con el objetivo de impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país cuando sean deudores alimentarios morosos, así como cuando existan los medios de prueba para determinar la existencia de un riesgo importante de que su salida del país se utilice como un medio de evasión del pago de la deuda.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, dijo que el dictamen responde a la obligación del Estado mexicano para garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes.
“La pensión alimenticia es un tema al que se le debe fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en todo el país”, expresó la senadora morenista.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Mayuli Latifa Martínez, refirió que, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia, lo que se convierte en un problema grave que requiere de soluciones, “pues es alarmante que los hijos padezcan estas indiferencias de los padres que no desean hacerse responsables de los gastos básicos”.
